Señor Director:

La autodeterminación del pueblo venezolano se ejerció con ocasión de la elección de Edmundo González, en julio de 2024; una dictadura militar conculcó este derecho por la fuerza y sometió a sus opositores a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, junto con emplear su territorio para exportar drogas. La colisión entre el derecho a la autodeterminación (inhibido en este caso por una dictadura) y el principio de no intervención (alterado en este caso por una potencia extranjera) es una disyuntiva permanente en política internacional.

Una intervención que intente recuperar el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de un país o que busque impedir el abastecimiento de drogas a redes criminales de otro país, debiera ser siempre resuelta por una organización o tribunal internacional, y no por una potencia en particular, por más afectada que se encuentre.

Esto puede parecer utópico o ingenuo, pero someter principios y derechos a decisiones unilaterales de potencias globales, con intereses que en ocasiones van más allá que los declarados, pone a los países comparativamente más débiles en una posición demasiado frágil.

La legitimidad de esta intervención se juega en la rapidez con que se reponga el derecho a la autodeterminación de los venezolanos (incluyendo la autogestión de sus recursos naturales), lo cual pasa por la caída del actual régimen, el llamado a elecciones libres y el cese de cualquier presión externa.

Daniel Fernández Kopric