Señor Director:

El caso venezolano debe leerse como una señal de alerta para el sistema internacional. Evidencia los límites de una aproximación legalista cuando se enfrenta a realidades complejas, como violaciones graves, persistentes y deliberadas del orden democrático y de los derechos humanos.

Durante años, se activaron prácticamente todas las instancias disponibles: informes y misiones de Naciones Unidas, mecanismos del sistema interamericano, pronunciamientos multilaterales y una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. El marco jurídico funcionó en términos diagnósticos, pero no ha logrado traducirse en respuestas políticas eficaces. El régimen venezolano, lejos de corregir su conducta, utilizó estos procesos de manera instrumental, dilatando, incumpliendo y vaciando de contenido los compromisos asumidos.

Esta carta no pretende la justificación del uso de la fuerza como una solución deseable, sino reflexionarlo como la consecuencia de una institucionalidad que no logró ofrecer alternativas reales a tiempo. El desafío está en fortalecer la coherencia, la convicción y la eficacia del sistema internacional para que el derecho no quede atrapado entre la norma y una realidad que termina desbordándolo.

Santiago Acosta Rajbe
Director internacional IdeaPaís