Mientras el Presidente electo, José Antonio Kast, trabaja en la conformación de su gabinete, ha surgido la especulación de que podría llamar a parlamentarios recién electos para que asuman algunas de las carteras. El mismo Kast, en una entrevista con Canal 13, no descartó convocar a congresistas en ejercicio si las circunstancias lo exigen.

Si bien la práctica de integrar parlamentarios al Ejecutivo es propia de los regímenes parlamentaristas, en un sistema presidencial, donde el Congreso juega un papel de contrapeso del Ejecutivo, resulta problemática. En el caso chileno, se suma el efecto práctico de tener que reemplazar al congresista en cuestión según un mecanismo que entrega al respectivo partido la nominación del sucesor. Así, los ciudadanos, que votaron por una persona específica (y no por una lista), se pueden encontrar súbitamente con un reemplazante no elegido y posiblemente no deseado. Ello daña la legitimidad del sistema, al confirmar la idea de una actividad política que se desarrolla a espaldas de las personas.

Por cierto, puede haber situaciones excepcionales que aun así justifiquen, en nombre del interés nacional, convocar al gabinete a parlamentarios en ejercicio. En los hechos, sin embargo, esta se ha transformado en una práctica recurrente, llevada a cabo por todos los gobiernos en las últimas dos décadas (el primer caso fue el de Carolina Tohá, en la primera administración Bachelet, y el último, el actual ministro Álvaro Elizalde). Más allá del juicio que se tenga de cada una de esas designaciones, no parece que seguir incurriendo en esta fórmula contribuya a la salud de nuestro sistema político. Más complejo aún sería, sin embargo, lo que se ha especulado en cuanto a que esta vez pudiere designarse a figuras que acaban de ser elegidas en las parlamentarias de noviembre pasado y que ni siquiera han asumido sus escaños. Concretamente, se ha mencionado que esa sería una de las opciones para la nominación del próximo ministro de Seguridad Pública.

Sin desconocer la importancia de esa cartera, una decisión así no solo sería inédita y cuestionable desde un punto de vista institucional, sino además incomprensible para los respectivos electores. Estos se encontrarían con que la persona a quien dieron sus votos y su confianza es reemplazada por alguien designado producto de negociaciones partidistas. Se trataría de una burla para esos votantes e incentivaría en el futuro a que otras figuras populares también se presenten de candidatos sabiendo, a priori, que renunciarán para integrar un gabinete.

Kast tiene la oportunidad de abordar los distintos problemas que enfrenta el país, pero también la de mejorar las prácticas políticas. Conformar un gabinete ejemplar, con conocimiento técnico, legitimidad política y capacidad de gestión es clave de cara a los enormes desafíos que vienen. Empezar el gobierno con una controversia como esta sería un error gratuito y decepcionante.