Pocos acontecimientos internacionales podrían tener mayor impacto en Chile que los dramáticos hechos que se han sucedido a partir de la madrugada de ayer en Venezuela.

No podría ser de otra manera cuando el país alberga a más de 700 mil venezolanos que han llegado a nuestro territorio huyendo de la desastrosa situación generada por la dictadura chavista. En Chile, como en toda la región, esa inmensa diáspora ha desbordado las capacidades del Estado y originado una grave crisis migratoria, con sus secuelas de irregularidad y fuerte impacto social. Junto con ello, el referido desborde ha sido también aprovechado por el crimen organizado para penetrar el país e instalar una dinámica de violencia que mantiene alarmada a la ciudadanía. No es casual que ambos temas, migración y seguridad pública, hayan definido la reciente elección presidencial.

Pero, además, el propio régimen chavista se ha transformado en un factor de fuerte incidencia interna durante lo que va del siglo, no solo generando alineamientos en torno o contra sus líderes, sino interviniendo directamente en el escenario chileno. Desde las discusiones que la figura de Chávez y su deriva autoritaria generaban ya en el gobierno de Ricardo Lagos y en la primera administración Bachelet hasta nuestros días, el fenómeno ha sido creciente. El régimen venezolano ha premiado a quienes han querido ser sus aliados, estrechando relaciones con la izquierda más extrema y en particular con el Partido Comunista, en una trayectoria no exenta de episodios oscuros, como los aportes recibidos por la Universidad Arcis, vinculada al PC, en la primera década de este siglo. A cambio, esa izquierda dura le ha prestado a la dictadura un apoyo leal y casi monolítico, apenas matizado por algunas voces disidentes; entre ellas, la de la excandidata Jeannette Jara, quien durante la última campaña —tal vez advirtiendo cuál es la posición mayoritaria de la ciudadanía— asumió un discurso crítico.

En tanto, los jerarcas del chavismo han lanzado groseras invectivas contra sucesivos presidentes de la República —incluido el Presidente Boric—, parlamentarios y hasta fiscales; se han negado a colaborar en la persecución de delitos y en la repatriación de connacionales, y llegaron al extremo de expulsar a todo nuestro personal diplomático en Venezuela, luego de que Chile no reconociera los resultados del fraude electoral de 2024. El acto más grave, muestra de intervencionismo extremo, fue, sin embargo, el secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda, militar disidente a quien nuestro país había otorgado refugio político, víctima de un crimen encargado por el gobierno venezolano, según ha podido establecer la investigación del Ministerio Público.

Por todo lo anterior, el país no puede ser indiferente a lo que ocurra en Venezuela ni refugiarse en la mera apelación a conceptos abstractos frente a una realidad en la que se juega parte del interés nacional. Por el contrario, la evolución de los acontecimientos demanda particular cuidado, entendiendo los delicados equilibrios que involucra.

Kast y Boric, reacciones disímiles/b>

En ese contexto, el Presidente electo, José Antonio Kast, afirmó que la detención de Maduro es “una gran noticia para la región”, junto con recordar que “no es el Presidente legítimo de Venezuela”. Aunque ese entusiasmo podría estimarse por algunos apresurado, considerando las interrogantes que dejó abiertas la extraña conferencia de prensa de Donald Trump, no se puede sino concordar con el cuestionamiento de Kast a la legitimidad de Maduro —las principales democracias del mundo condenaron en su momento el fraude electoral que lo mantenía en el poder— y también admitir que la caída de quien oprimía a su pueblo y desestabilizaba al resto de la región despierta inevitable alivio y hasta simpatía. En cualquier caso, el mandatario electo evitó, sutilmente, hacer una mención directa de la operación norteamericana y en cambio se centró en llamar a la cooperación latinoamericana para el restablecimiento de la democracia.

En tanto, como era esperable, el actual oficialismo se mostró dividido frente a los hechos de ayer, con posiciones que fueron desde el “no me da pena ni lamento” del diputado PPD Raúl Soto hasta la muy predecible indignación comunista frente a la caída de tan cercano aliado.

Debe reconocerse que, por su parte, el Presidente Boric durante todo su gobierno ha marcado una diferencia con el resto de la izquierda regional, al adoptar una postura crítica respecto de Maduro y denunciar su ilegitimidad. Por lo mismo, sin embargo, es que su reacción de ayer resultó decepcionante. El mandatario prefirió adoptar un tono moralizador para cuestionar la intervención norteamericana, en lo que puede tener un punto, pero sin hacerse cargo de las muchas complejidades que plantea el caso y ni siquiera aludir a la responsabilidad del propio Maduro en haber arrastrado a su país a la crisis y haberse cerrado, con su incumplimiento de todos los acuerdos, a cualquier salida que no implicara la fuerza. En su crítica unilateral a la decisión de Donald Trump, Boric nada dijo tampoco de lo que hoy debiera ser prioritario: la reconstrucción democrática de Venezuela. En lugar de ello, prefirió quedarse en una suerte de testimonialismo de izquierda, alineándose con mandatarios tan cuestionados como Gustavo Petro. Tal actitud quizá le gane aplausos en su sector político, pero es dudoso que con ella asegure el interés de Chile.