Tras formidable presión militar y económica, seguida de una impresionante y efectiva operación militar y de inteligencia, Estados Unidos logró ayer su objetivo de capturar a Nicolás Maduro para llevarlo a comparecer ante la justicia norteamericana. Maduro ejercía de facto la presidencia de Venezuela, luego de sucesivas fraudulentas elecciones, cuyos amañados resultados fueran reiteradamente impugnados por democracias europeas y latinoamericanas, incluido Chile, así como por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

La gestión de Maduro pauperizó a Venezuela, generando niveles de pobreza que llegan al 80% de la población, inflación descontrolada, desabastecimiento generalizado, y sistémicas y masivas violaciones de derechos humanos, condenadas por Naciones Unidas y motivo de acusaciones por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Corolario de su desastrosa administración y abusos ha sido la emigración de alrededor de ocho millones de venezolanos, verdadera catástrofe humanitaria.

Las presiones, denuncias y condenas internacionales, declaraciones de ilegitimidad y acusaciones de narcoterrorismo, así como los llamados al diálogo para negociar elecciones libres y una transición pacífica a la democracia se arrastraron por años y fueron todos infructuosos. Ese contexto fue el que dio pie a la captura de Maduro mediante la intervención militar de EE.UU., que señala hacerlo en defensa de sus intereses, de la aplicación de la justicia y del principio de autodeterminación de los pueblos, repetidamente pisoteado por el dictador.

Han surgido críticas a las acciones norteamericanas por transgredir la Carta de Naciones Unidas, que obliga a sus miembros abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de esa organización. A su vez, declaraciones del Presidente Trump, posteriores al operativo, inquietan y no contribuyen a la unidad del pueblo venezolano, al aparecer anteponiendo los intereses económicos de EE.UU. por encima de la recuperación de la democracia. Más aún preocupa y genera incertidumbre su afirmación de que “vamos a dirigir” (“run”) Venezuela hasta que haya una transición segura.

Los chilenos somos testigos calificados de la trágica y criminal gestión del régimen de Maduro que —como se aborda en esta misma página— ha provocado la migración de centenares de miles de venezolanos a nuestro territorio, y la protección y empleo por parte de ese gobierno de bandas criminales responsables en Chile de homicidios, trata de personas, narcotráfico y otros graves delitos.

Es entendible que la captura de Maduro genere celebraciones. Su régimen no solo reprimió y violó la democracia y los derechos de los venezolanos, sino que también pretendió desestabilizar y extender su represión, el crimen organizado y el narcotráfico más allá de sus fronteras. Con su detención, se abre ahora el gran desafío de sentar las bases para la recuperación de la democracia y la economía de Venezuela, tarea que solo corresponde a los venezolanos, sin perjuicio del apoyo de la comunidad internacional.