Nuevos casos de atención deficiente a distintos enfermos, dados a conocer recientemente a la opinión pública, han renovado los cuestionamientos al sector público de la salud. Si bien hay miles de personas esperando una atención que el Estado de Chile les aseguró que estaba garantizada en cuanto a su oportunidad y su costo, y hay también millones que esperan consultas o cirugías, los casos particulares revelan la experiencia de quienes deben vivir estas situaciones y resultan más decidores que los fríos números de las estadísticas.

Una persona de alto riesgo, con un trasplante de hígado ya realizado, sufre una infección y al recurrir al hospital, la mantienen por más de 24 horas sentada en una silla plástica, en una sala no apropiada para atender enfermos. No era la única paciente en el recinto; junto a ella había un grupo de enfermos dolientes y mal atendidos, pese a los esfuerzos de los trabajadores de salud que procuran dar alivio como mejor pueden. Casos similares se han conocido a lo largo del año y muchos de ellos terminan juntando dinero, que no siempre tienen, para resolver sus problemas en algún establecimiento privado. No todos lo logran y tampoco son desconocidos los casos de personas que mueren en las salas de espera.

Pero esta dolorosa situación no es la única que se ha conocido en estos días, puesto que también se ha denunciado la lentitud con que procede el Instituto de Salud Pública (ISP) al autorizar tratamientos nuevos, que ya existen en otros países y han comprobado sus buenos resultados. El caso que develó esta tardanza se refiere a un paciente con un tipo de cáncer para el cual existen métodos terapéuticos, pero no se pueden practicar en Chile ni en el sector público ni en el privado sin la autorización correspondiente. La hija de un paciente afirma que hizo todo lo posible por conseguir una reunión para resolver el dilema, pero después de seis meses, a pocas horas de que su padre ya había fallecido, las autoridades aceptaron reunirse con ella. “La indolencia, la ‘permisología' y la burocracia una vez más han ganado la pelea”, concluye la persona afectada.

Cada uno de estos casos quizá encuentre alguna explicación válida, como también la operación de urgencia a la madre de la ministra de Salud, a la que difícilmente tienen acceso muchas otras personas. El subsecretario de Redes Asistenciales se da por notificado de las situaciones de mala atención y asegura que realizarán sus mejores esfuerzos por impedir que se vuelvan a repetir. Pero es imposible eludir la impresión que deja su planteamiento en orden a tratar cada caso como si fuera un hecho aislado e insólito, sin darse por aludido de que es una situación bien conocida en casi todos los centros de atención de urgencia del país. Del mismo modo, la directora del ISP respondió que su institución estudia y está evaluando la primera solicitud formal de reconocimiento a un centro clínico, pero a la vez afirma que existen distintas vías excepcionales, sin que se comprenda por qué no fueron aplicables al caso que ella está respondiendo.

La idea que va ganando terreno en el país es que el sistema de salud estatal no logra operar como se espera y que pasan los años, pasan los gobiernos, y la situación, lejos de mejorar, parece empeorar continuamente. La autoridad dice que la insuficiencia en la infraestructura es un factor que impide seguir avanzando, pero la entrega de hospitales también se retrasa por las dificultades que ponen quienes defienden las prestaciones estatales. Solo una transformación radical, que incorpore una seria y decidida cooperación público-privada, mediante concesiones sanitarias y administración moderna, podría ofrecer un cambio significativo.

Cada cierto tiempo surge esta clase de hechos que llaman la atención de la opinión pública y que guardan relación con el trato que reciben los pacientes en las instituciones de salud del sector público. Naturalmente, dan origen a discusiones, debates y controversias, pero basta esperar un tiempo para que caigan en el silencio y el olvido. Cabe esperar que estos últimos casos permitan escapar de este trágico destino del sector salud, siempre estimado como una de las primeras obligaciones del Gobierno, pero que no cesa de decepcionar.