La derrota que el Partido Popular propinó al socialismo en Extremadura pone en evidencia cuán hartos están los españoles con los escándalos de corrupción vinculados al PSOE, del Presidente Pedro Sánchez. El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, está procesado por la presunta contratación irregular —cuando era presidente de la diputación de Badajoz— del hermano de Sánchez, y fue impuesto sin elecciones primarias, lo que terminó en esta debacle electoral en uno de los feudos socialistas. El PP obtuvo una votación que superó no solo al PSOE, sino a la suma de los votos de toda la izquierda, incluida la coalición radical de Podemos e Izquierda Unida. Este éxito, sin embargo, fue opacado por el hecho de que los populares no consiguieron la mayoría absoluta que necesitaban para gobernar en solitario, debido al buen desempeño de Vox.

A pesar de la magnitud del fracaso, Sánchez eludió el tema al anunciar un recambio ministerial antes de salir de vacaciones, mientras el PSOE apenas reconoce errores, acusando al PP de hacer un “juego sucio”, según la vocera, quien felicitó a Gallardo “por el buen trabajo en la campaña”, y señaló que en el partido “estamos más fuertes que nunca”. A su vez, Gallardo, quien no ganó ni en su pueblo de 25 mil habitantes y enfrentará el juicio junto a David Sánchez en mayo, renunció al cargo de secretario general del PSOE extremeño, pero se aferró a su escaño parlamentario, el que necesita para mantener la inmunidad. El PSOE está en caída libre, con el prestigio en el suelo no solo por los sonados casos de corrupción que afectan a cercanos a Sánchez (incluida su esposa), sino además porque, proclamándose “feminista”, ha “congelado” denuncias de acoso sexual contra un dirigente, a lo que se agrega la molestia por las concesiones que ha dado a los independentistas catalanes y vascos para comprar su lealtad en el Parlamento.

Si bien para María Guardiola (PP), la presidenta extremeña, el triunfo no fue completo, pudo celebrar que su estrategia de adelanto electoral y separación de los comicios autonómicos y municipales neutralizó el poder territorial de los 211 alcaldes socialistas (el PP solo controla 138 municipios extremeños), lo que permitió un avance de las derechas. Ahora tendrá que negociar con Vox, un socio poco adepto a ceder ante el PP. Guardiola no tiene buenas relaciones con ellos, los que, entre otras cosas, le bloquearon la aprobación del presupuesto, provocando su decisión de llamar a comicios.

Las negociaciones se perfilan complicadas. La presidenta llamaría primero al PSOE, por ser el segundo más votado, y luego a Vox, para discutir el apoyo a la investidura. Le bastaría con la abstención de cualquiera de los dos para asumir. El partido de Santiago Abascal cobrará caro e incluso podría pedir integrar el Ejecutivo autonómico, algo que no le gustaría a Guardiola, que esperaba que en estos comicios Vox perdiera peso político (en lugar de ello, casi duplicó su votación anterior). En otras autonomías donde el PP ha triunfado, ha llegado a acuerdos con los de Abascal, aunque más tarde algunos se rompieran. En todo caso, la mira de los dos partidos de derecha debería estar puesta en unir fuerzas para desalojar a Sánchez, y para eso necesitan triunfos resonantes en las elecciones de Aragón, Castilla y León, y Andalucía, el próximo año.