La divulgación de los resultados de la encuesta Casen de 2022, en particular el hecho de que la tasa de pobreza se redujese de 8,6 en 2017 a un 6,5 por ciento ese último año, a pesar de que en ese lapso cayeran los ingresos monetarios de los hogares, generó una polémica, por estimarse que la metodología que se estaba utilizando subestimaba la pobreza. El punto central que se hacía era que había una asimetría en el tratamiento de los ingresos de los hogares y los costos de la canasta básica que se utilizaba para medir pobreza. Ello emergía del hecho de que los primeros se ajustaban, para llegar a los ingresos totales, por el alquiler imputado (el “ahorro” de los hogares por ser dueños de sus viviendas), pero no existía un ajuste equivalente por el lado de los otros bienes, no alimentos, que conformaban la canasta básica, rezagando entonces la línea de pobreza.

En este escenario, se convocó a una comisión que revisó la metodología y entregó sus propuestas. Entre otros aspectos, esta recomendó olvidarse del alquiler imputado y establecer líneas de pobreza separadas para propietarios y arrendatarios. Sugirió, además, actualizaciones en la canasta básica de alimentos (orientándola hacia una más saludable), considerando en su cálculo las cantidades efectivamente adquiridas. Estas correcciones y otras más acotadas que se propusieron habrían situado la tasa de pobreza en 22,3 por ciento para 2022. El informe de la comisión no era, sin embargo, vinculante y en enero próximo las autoridades deberán informar las cifras de la Casen de 2024 con las recomendaciones que decidieron recoger. Habrá, entonces, una nueva cifra oficial, con la nueva metodología, que seguramente también se aplicará a mediciones anteriores para tener una comparación en el tiempo con la misma vara.

Es muy probable que la nueva cifra de pobreza, si sube de manera significativa, reordenará algunas de las prioridades del país. Chile, en los últimos años, ha venido abandonando la preocupación por la pobreza para dar espacio a iniciativas como la gratuidad en educación superior o la cuasi universalidad de la pensión garantizada, que utilizan importantes recursos, la gran mayoría de los cuales no contribuyen a superar dicho flagelo. Como sea, el futuro gobierno no va a poder ser indiferente a los nuevos antecedentes. En los equipos del Presidente electo, según ha constatado este diario, hay conciencia de que ello involucra un nuevo desafío y quizás exija destinar recursos en momentos en que no hay holguras fiscales, o al menos reasignarlos. Pero esta también constituirá una oportunidad para repensar completamente una parte relevante de la política social del país.

Por un lado, existen múltiples programas pequeños de escaso impacto social. Y, junto con ellos, otros, ya no tan pequeños, que incumplen sus objetivos o que incluso cumpliéndolos, no parecen, frente a altas tasas de pobreza, tan indispensables. Por cierto, cada uno de esos programas tiene sus defensores, pero en coyunturas específicas los líderes políticos pueden ejercer su condición de tales para cambiar el estado de las cosas. Sería muy bienvenido, por ejemplo, que gradualmente hubiese reasignaciones hacia un fondo de transferencias monetarias: una especie de pilar solidario concentrado en aliviar la pobreza de ingresos y que se retire, también gradualmente, a medida que los ingresos autónomos del hogar crezcan. Se podrían combinar transferencias condicionadas y no condicionadas en función de los objetivos que se intente perseguir con esta nueva política social. Un esquema de esta naturaleza sería poco burocrático y reuniría los recursos actualmente destinados a una maraña de programas de efectos dudosos y que forman parte del llamado gasto social. Por supuesto, los programas emblemáticos en áreas como salud, educación o vivienda, que están orientados a generar las capacidades y activos que permiten superar de manera más definitiva la pobreza, no serían parte de esta reasignación, sin perjuicio de que puedan existir ganancias de eficiencia en su gestión.