Poco duró el clima político de armonía y sentido republicano producido después del amplio triunfo de José Antonio Kast. Si el lunes destacábamos el temprano reconocimiento de Jeannette Jara de su derrota y la reunión con su adversario, así como el diálogo entre el Presidente Boric y el Presidente electo, Kast, y la especial consideración que tuvo este en su discurso hacia la abanderada comunista, en pocos días las relaciones se han vuelto a tensar, producto de la artimaña del Gobierno de incluir normas de amarre para funcionarios públicos junto al proyecto de reajuste (ver editorial arriba).

La molestia y desconfianza de la oposición es ampliamente justificada, no solo porque contradice uno de los aspectos centrales del programa del candidato que resultó vencedor el domingo, sino sobre todo, porque es demasiado evidente el propósito de la izquierda de hacerle un gesto político a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y procurar mantener las cuotas de poder y la fuente de ingresos de muchos de los partidarios de este gobierno que fueron contratados en este período. Lo ocurrido revela con crudeza la pretensión desembozada de capturar el Estado por parte de quienes, se suponía, venían a renovar y mejorar las prácticas políticas. Con ello se muestra también que su discurso de más Estado, lejos de buscar el interés de las grandes mayorías, pone a sus partidarios y a los operadores políticos en la primera fila.

Este episodio, al que se une una serie de discutibles nombramientos de última hora, permite advertir que parte de la oposición al futuro gobierno podría venir desde el interior del aparato estatal. Las recientes declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, ligado al Frente Amplio, en las que criticó la política migratoria de Kast, llamó a no imponer un relato que estigmatiza lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019, y planteó “ampliar la mirada” de dicha repartición para incorporar “con mayor fuerza la educación, promoción y la defensa de los derechos cuya vulneración o dificultades de acceso deterioran las condiciones materiales para una mejor vida de las personas”, son coherentes con esa idea que busca ejercer sus espacios de poder en el Estado de acuerdo con sus propias líneas ideológicas.

Las palabras de sectores de izquierda, en cuanto a que no admitirán “retrocesos sociales o civilizatorios”, pueden estimarse que van en esta misma línea. Hay en esto el riesgo de que se impongan tesis profundamente antidemocráticas, que sobre la base de interpretaciones extensivas de sus atribuciones, den pie a que instituciones públicas como el INDH intervengan en materias que forman parte del legítimo debate político.

Relato del Gobierno

Muy desafortunadas también resultaron las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto de la decisión manifestada por el Presidente electo, en cuanto a que su esposa, María Pía Adriasola, asuma el papel de Primera Dama, figura eliminada durante este Gobierno. En modo de crítica, la ministra sostuvo que “lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”. Expresiones como esta, que desconocen las mejores tradiciones de nuestra historia republicana, dan cuenta de que en varios personeros del oficialismo falta grandeza, se resisten a ceder espacios y se muestran incapaces de situarse por sobre la contingencia, en momentos en que debieran estar más preocupados de fortalecer las confianzas y hacer un adecuado traspaso de su administración.

Más que referencias a la futura Primera Dama, se habrían esperado críticas a los casos de “amiguismo” y reiteradas decisiones de favorecer con cargos públicos a los propios, situaciones que han ocurrido con frecuencia en este período.

De otro lado, las palabras de la ministra vocera, Camila Vallejo, en contra del relato del “gobierno de emergencia” que encarna el programa de José Antonio Kast, pretenden nuevamente resaltar el relato de la “normalización” al cual ha recurrido en reiteradas ocasiones. Manifestó, “que nuestro gobierno se dedicó a estabilizar el país, a recuperar la senda del crecimiento. Las cifras están, obviamente, a favor de ese relato”, sostuvo.

Más allá del debate que puede hacerse de las cifras —esta administración, por ejemplo, terminará su período con un crecimiento promedio magro, de alrededor de 1,9%, con altas cifras de desempleo—, el juicio del Gobierno no solo lo dio contundentemente la ciudadanía, sino que la propia candidata oficialista, en un hecho sin precedentes, se desmarcó y criticó con dureza la gestión del Ejecutivo en los más diversos ámbitos. Cabe recordar que mientras esto sucedía, nadie en la izquierda salió con fuerza a contradecirla y menos a defender decididamente los supuestos éxitos del Gobierno en la “estabilización” del país. Y es que lo que expresaba Jara era compartido por parte significativa del oficialismo.

De ahí que la estrategia de fijar un relato de cierre de gobierno, expresada en estas declaraciones de Vallejo, tenga pocas posibilidades de hacerle sentido a una gran mayoría de chilenos.