Insólita resulta la incorporación en el acuerdo de reajuste de remuneraciones para el sector público de una norma que, en los hechos, amarra a miles de funcionarios que hoy se encuentran bajo la modalidad de contrata y les otorga una estabilidad fuera de la legislación actual. El documento firmado entre el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo y asociaciones de empleados fiscales establece, en su numeral 14, que “la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas (a las actuales)”, en el aparato público, deberá realizarse únicamente mediante “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio”. Así, aquellos trabajadores que lleven dos o más años de contrata podrán reclamar por vicios de ilegalidad con ocasión de su no renovación, y la Contraloría no podrá abstenerse de conocer esos reclamos.

En simple, esta fórmula dificulta y eleva la vara para cualquier decisión de no renovar a funcionarios cuya contratación fue esencialmente transitoria (la ley hoy dice que su duración máxima es hasta el 31 de diciembre de cada año), echando por tierra los pronunciamientos de Contraloría y la más reciente jurisprudencia de tribunales en materia de confianza legítima, que solo admite este concepto para quienes lleven cinco años de renovaciones continuas. Por lo mismo, este acuerdo es inaceptable, y revela tanto el poder que las organizaciones del sector público ejercen sobre la izquierda política, como el aparente objetivo de entorpecer la tarea del Presidente electo. La contrata es, por definición, un arreglo transitorio. Transformarlo en permanente por medio de una ley de reajuste de remuneraciones deteriora la mínima capacidad de ajuste del Estado justo antes de un cambio de administración y amenaza seriamente las finanzas públicas.

Resulta cada vez más evidente que el funcionamiento actual del Estado es deficiente y que importantes modificaciones deben hacerse no solo en tu tamaño, sino también en su manera de operar. El mensaje del Presidente electo ha sido claro respecto de promover esta reforma, concitando un masivo apoyo en las urnas. Sin embargo, de transformarse en ley el acuerdo entre el Gobierno y las asociaciones de empleados públicos, se bloquearía la mera posibilidad de hacer muchos de los cambios necesarios, en una actitud profundamente antidemocrática que debiera ser rechazada por el Congreso.

En cualquier caso, la suma de este acuerdo y otras señales de estos días, como nombramientos de última hora en nuevos organismos o una extraña reunión de jefes de servicios que se han comprometido a “defender el legado del Gobierno” —cual si esa fuera la función de cargos adscritos al sistema ADP— hacen difícil no concluir sino que la izquierda se encuentra hoy incapacitada para reformar el aparato público. Ello, tanto porque se encuentra capturada por los intereses de ciertas agrupaciones gremiales como porque parece no poder concebirlo sino solo al servicio de su ideología y “legados”.