En septiembre del 2021, dos meses antes de las elecciones presidenciales, la segunda administración Piñera ingresó al Congreso un proyecto de ley que buscaba fortalecer el entonces Pilar Solidario del sistema de pensiones. El proyecto ampliaba la cobertura del beneficio del 60 al 80% de la población de adultos mayores. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados revisó el proyecto y aprobó la idea de legislar ese mismo mes. Pero luego el proyecto no avanzó más.

El 21 de diciembre de ese mismo año, apenas dos días después de la segunda vuelta de las elecciones que dieron por ganador a Gabriel Boric, el ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto para unificar la Pensión Básica Universal y el Aporte Previsional Solidario en lo que hoy se conoce como la Pensión Garantizada Universal o PGU. Las indicaciones extendían aún más la cobertura, llegando al 90% de la población mayor de 65 años.

La idea de una pensión más generosa y amplia había sido apoyada por casi todas las candidaturas presidenciales. Al mismo tiempo, había una cierta frustración por la incapacidad de llegar a acuerdos políticos en torno a una reforma que incluyera el componente de ahorro del sistema. Ello dio pie a que el gobierno empujara esta iniciativa.

El proyecto tuvo una tramitación corta —5 semanas—, pero intensa. La discusión más difícil fue respecto del financiamiento del beneficio. Finalmente, el proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara a fines de enero. Muchos opinan que esta fue la reforma más importante que hizo el gobierno de Piñera II.

Quedan unas pocas semanas de trabajo legislativo e imagino que el Gobierno está pensando en cómo aprovecharlas bien. Es un tiempo corto, pero se puede repetir esta historia si las energías y la voluntad política se concentran en un proyecto que concite apoyo, como lo hizo la administración de Piñera con la PGU previo a su cierre.

En el último par de años ha avanzado, como en ninguno de los múltiples intentos previos, la iniciativa de reformar el artículo 203 del Código del Trabajo. El objetivo es extender la provisión del servicio de salas cuna a familias con hijos menores de dos años, desligando la obligación de provisión según el número de mujeres contratadas por las empresas. En paralelo, en julio reciente se aprobó la Ley 21.753 que moderniza la oferta de la educación parvularia para asegurar que la autoridad cuente con herramientas para regular el funcionamiento de los establecimientos y garantizar que sean espacios educativos de calidad.

Tanto el empleo femenino como la inversión en primera infancia fueron temas de campaña, entendiendo que la ciudadanía valora otorgar mejores oportunidades laborales a las mujeres, fortalecer la corresponsabilidad y ofrecer espacios de calidad para el cuidado y la educación de niños y niñas pequeños.

Quizá la mayor diferencia en el enfoque de las campañas respecto de la ampliación del servicio de salas cuna está en su modo de financiamiento. Este tema también genera dudas en el Congreso, pero las diferencias que existen no parecen irreconciliables. El financiamiento de la PGU también fue motivo de debate cuando se discutió y, para bien o para mal, se llegó a un arreglo.

Detrás de la discusión sobre recursos está la preocupación de no encarecer los costos laborales, en particular de las empresas que hoy no están obligadas porque contratan a menos de 20 trabajadoras —solo ellas, no todas las pymes—. Hay fórmulas para atenuar ese riesgo que pueden negociarse en el Congreso y que ya están sobre la mesa. Lo importante es definir un monto para el beneficio que permita acotar un eventual copago y reconocer diferencias territoriales en el costo de la provisión, además de establecer una transición.

La reforma puede traer beneficios indudables, para las mujeres y sus familias, con un impacto positivo en la capacidad productiva y la equidad en el país, muy en línea con los objetivos que el próximo gobierno ha planteado a la ciudadanía. Con pragmatismo y voluntad, aún queda tiempo para aprobar esta reforma.