Señor Director:

Resignarse a un crecimiento tendencial en torno al 2% sería renunciar al desarrollo en el mediano plazo, dejando de corregir factores internos que hoy tienen nombre y recomendación. La más clara proviene de la OCDE: es tiempo de un “reajuste regulatorio”.

El último informe de Perspectivas Económicas de este organismo no solo se refiere a la desaceleración del crecimiento potencial de las economías avanzadas, cerca de un punto porcentual menos. Además, identifica un patrón concreto: marcos regulatorios que se expanden sin evaluación sistemática, elevando costos de cumplimiento, debilitando la productividad y desincentivando la inversión.

Chile no está ajeno a ese diagnóstico. Las proyecciones del Banco Central muestran una leve mejora, pero el crecimiento de largo plazo permanece inmóvil. La OCDE es explícita al señalar que las reformas de permisos son necesarias, pero insuficientes si no se avanza en simplificación administrativa, digitalización y, sobre todo, en la revisión periódica del stock regulatorio. Regular mejor, no regular más.

La evidencia local refuerza el punto. La Comisión Marfán estimó que reducir a un tercio los plazos de tramitación de permisos podría elevar en torno a 0,24% la tasa de crecimiento anual por una década. No es una promesa, es una señal de cuánto crecimiento se está dejando sobre la mesa por inercia institucional.

Hay un efecto adicional que suele omitirse: la complejidad regulatoria tiende a consolidar posiciones existentes y a elevar barreras de entrada. En un contexto de bajo dinamismo, eso congela el desarrollo. El reajuste regulatorio que plantea la OCDE es urgente para reimpulsar el crecimiento en nuestro país, y con ello, de aumentar el empleo formal y mejorar las oportunidades para todos los chilenos.

Susana Jiménez
Presidenta de la CPC