Señor Director:

El artículo 65 de la Ley 20.529 faculta a la Superintendencia de Educación a multar con hasta 10 UTM a quienes presenten denuncias “manifiestamente carentes de fundamento”. Sin embargo, tras solicitar información por Ley de Transparencia, constaté que de las 142.035 denuncias recibidas desde 2014, la Superintendencia nunca ha aplicado una sola multa en virtud de dicho artículo, argumentando no contar siquiera con la clasificación de denuncias sin fundamento.

Lo anterior contrasta con el rigor de la fiscalización a los colegios.

Por ejemplo, hace unos días dos apoderados entraron por la fuerza a nuestro colegio, intimidaron a funcionarios y vulneraron gravemente el clima escolar. A pesar de ser víctimas de la agresión, fuimos denunciados por estos mismos apoderados, quienes tergiversaron lo ocurrido.
Tuvimos que responder a la fiscalización en cinco días con un informe de siete páginas y otras 126 de evidencias.

La experiencia nos dice que seremos observados por alguna falta documental, mientras que los apoderados quedarán sin sanción.

Soy consciente de que la Superintendencia de Educación está sobrepasada por el gran número de denuncias, pero esta sobrecarga no justifica el desequilibrio normativo.

Un sistema que exige cumplimiento al detalle a los colegios, pero opta por la inacción frente a denuncias irresponsables, debilita la gestión escolar y desvía recursos esenciales.

Por el bien de la convivencia y la justicia en el sistema, es urgente empezar a aplicar el Art. 65. Esto no solo generará un marco de responsabilidad recíproca, sino que también ayudará a descongestionar el sistema, desincentivando su uso malicioso.

Como sistema educacional, todos debemos colaborar, hacernos responsables de nuestros roles y cumplir con lo que se espera de nosotros para poder enseñar a nuestros alumnos.

Cristóbal Edwards E.
Director Colegio Padre José Kentenich Premio LED 2023