La derrota del oficialismo el domingo fue de proporciones. No se impuso en ninguna de las regiones y triunfó en apenas 36 de las 346 comunas del país. Las votaciones del Presidente electo y de la excandidata Jeannette Jara estuvieron fuertemente correlacionadas con las del Rechazo y el Apruebo en el plebiscito de 2022. Hay aquí, entonces, una clave importante para entender el resultado. Con todo, hay que ir más atrás para advertir el problema de fondo.

La alianza de centroizquierda, que terminó de fraguarse tras el plebiscito de octubre de 1988, decidió, después de un largo proceso de deliberación iniciado a mediados de los 80, inclinarse por un modelo que descansaba en el capitalismo y que aspiraba a acercarse a un Estado de bienestar a la europea, pero muy gradualmente. Por este mismo principio de realidad, se aceptaron modelos mixtos de provisión en áreas como salud y educación, e incluso privatizaciones en ámbitos como el agua potable. Pero si bien esas líneas iniciales tuvieron fuerte apoyo entre los dirigentes de la centroizquierda, con el tiempo la opción por el gradualismo y algunas de aquellas decisiones fueron generando una alta desafección en los grupos más ideologizados. Los resultados de la parlamentaria de 1997 generaron el primer cuestionamiento serio: la disputa de autoflagelantes y autocomplacientes. Esta se sorteó finalmente porque, a diferencia de algunos líderes, la población no estaba en contra de la ruta escogida. Así, los éxitos electorales postergaron el debate hasta 2009.

Fue en ese momento, como consecuencia de una alternancia política que era razonable llegase, cuando los cuestionamientos de 12 años antes resurgieron con fuerza. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 sorprendieron a este mundo en un período de reflexión. Ello permitió que emergiera un nuevo sector político, extraordinariamente crítico del camino seguido por la centroizquierda. La cuestión ya no era sobre la gradualidad o sobre la mixtura en la provisión de bienes sociales, sino sobre el modelo mismo, el que supuestamente debía ahora ser cambiado por otro muy distinto. La crisis de octubre de 2019 fue interpretada —y aquí vino el gran error— como una enorme y categórica ratificación de esa hipótesis. Con una centroizquierda incapaz de defender la gestión concertacionista, modificar la trayectoria seguida desde 1990 adquirió un carácter de urgencia.

La “tumba del neoliberalismo” —como dijo el Presidente Boric— iniciaba así su construcción y la elección de 2021 se entendió como la ratificación de aquello. Se olvidó que en la primera vuelta de ese año apenas un cuarto de los votantes había apoyado a Boric: el mandato estaba lejos de ser tan prístino como algunos quisieron verlo. Una interpretación alternativa era que la población estaba preocupada porque había dejado de avanzar y porque los líderes políticos ofrecían respuestas confusas y dilatorias. El tiempo mostró que los chilenos seguían prefiriendo cambios graduales y de ahí su rechazo a la propuesta constitucional de la Convención. Y mientras tanto emergió una crisis real de seguridad. Por eso, orden y progreso son hoy las exigencias de la gran mayoría. El gobierno actual fue superado por esta demanda, mientras que la centroizquierda careció de un relato interesante para hacerse cargo de ella. Más aún, al haber renegado tan irreflexivamente de la obra concertacionista, hoy no tiene credibilidad para retomar ese proyecto. Además, sus partidos han sido abandonados por quienes sí creían en él.

Hoy, la Democracia Cristiana y el Socialismo, los articuladores de la antigua Concertación, carecen de la fuerza de antaño y el Frente Amplio ha demostrado, hasta ahora, no tener la visión para reemplazar ese eje. Va a ser, entonces, un período muy duro para el actual oficialismo. Frente a ello, parece impostergable para su propio futuro político desechar el malogrado proyecto que los ha llevado a un estrepitoso fracaso electoral, reemplazándolo por una propuesta que esté mejor conectada con las nuevas demandas que emergen en una democracia y una economía cada vez más maduras.