Hay atisbos de un ambiente propicio para reformar nuestro sistema político. Lo han esbozado ministros y diversos parlamentarios, de cara a este breve lapso en que el Gobierno y parte del Congreso estarán libres de presión electoral. Y es que el consenso técnico sobre esta materia parece absoluto: se requieren reglas que frenen el discolaje y la fragmentación.

Es cierto que los 17 partidos políticos que esta vez obtuvieron escaños en la Cámara son algo menos que los 22 de 2021. Pero sigue siendo excesivo para lograr acuerdos, más cuando nadie ostenta mayorías. Además, en la tónica de los últimos años, es de esperar que varios parlamentarios vayan abandonando sus partidos, subiendo el costo del pirquineo de votos.

Sobre el discolaje, hay bastante acuerdo en que un parlamentario que renuncia a su partido debería perder su cupo. En un sistema proporcional como el nuestro, los candidatos de un mismo partido “suman” sus votos, de modo que los obtenidos por sobre los necesarios para ser electo se traspasan a un correligionario. Ello ocurre bajo el entendido de que representan un proyecto similar. Los partidos también entregan información sobre los candidatos, que orienta a los electores. Un posterior cambio de partido tiene sabor a fraude.

Hay más debate, en cambio, respecto de cómo conviene reducir la fragmentación. Las perillas posibles son varias; entre las más sugeridas, exigir a los partidos un umbral de votos para acceder a escaños, reducir la cantidad de representantes que se eligen por distrito o eliminar los pactos electorales. Todas tienen pros y contras, pero hay una que corre con ventaja: el umbral de 5% de los votos a nivel nacional para entrar al Congreso.

Ello por el simple hecho de que cuenta con un historial que hace más factible un acuerdo. El umbral fue incluido en el borrador constitucional aprobado por el Consejo de Expertos de 2023, que abarcaba desde republicanos hasta el PC, y en 2024 fue promovido por un grupo transversal de senadores. Ninguna otra propuesta ha llegado tan lejos en el convulso escenario actual.

Al umbral se le critica, sobre todo, que puede dejar fuera del Congreso a representantes que obtuvieron muchos votos dentro de un distrito. Ello es cierto. Es algo que ya ocurre en nuestro sistema, por el mismo hecho de que los votos se suman y reparten a nivel de subpacto y pacto. Sin embargo, quienes obtienen hartos votos suelen ser buenos políticos y, como tales, sabrán prever el efecto de esta regulación: deberán aliarse con otros para alcanzar el umbral, empujando proyectos que aúnen a una porción relevante de la ciudadanía. Eso es, justamente, lo que queremos: que la política sea más que meros proyectos individuales. Por último, varios países con sistemas funcionales, como Alemania y Nueva Zelandia, operan con umbrales de este tipo.

Cuál es la mejor forma de reducir fragmentación es un debate interesante. Pero nuestra política está hace rato muy lejos del mundo de “lo mejor”. Más bien tomemos las opciones que están sobre la mesa, porque no sabemos si el próximo Congreso ofrecerá otra oportunidad. Una reforma que incluya el umbral no será perfecta, pero logrará reducir nuestra grave fragmentación. Eso sería un logro mayúsculo para quienes buscan un legado.