En el contexto de agudización de la violencia que afecta al Instituto Nacional, se han revelado nuevos elementos que pueden contribuir a dilucidar el origen de estos comportamientos. Los antecedentes no solo parecen confirmar lo que se sospechaba respecto de la participación de adultos en la conducta de los estudiantes, sino que, para hacerlo aún más grave, apuntan a la presunta colaboración de dos docentes del propio Instituto. Según un informe interno, el que recoge distintos testimonios, un profesor de vóleibol y una profesora de filosofía aparecen ingresando en sus automóviles materiales como los que luego se utilizan en las violentas manifestaciones que afectan seriamente a otros docentes, a menudo amenazados por los jóvenes.

La tarea de guiar a los estudiantes no puede estar más desviada que la forma en que al parecer han sido conducidos algunos de los alumnos del Instituto Nacional. Si ello es posible en esa institución que algunos califican el buque insignia de la educación pública, cabe sospechar de lo que puede estar ocurriendo en otros liceos en que se han exhibido conductas semejantes. En el Internado Nacional Barros Arana se investiga un intento de asesinato de un profesor por un grupo de encapuchados que salió de un baño, protegido por una masa de estudiantes, a rociarlo con bencina. Y no es el único caso de furia desatada por razones nimias que son perfectamente posibles de ser estimuladas entre adolescentes por quienes tienen ascendiente sobre ellos.

La sociedad chilena ha fallado en controlar esta violencia irracional y desmesurada. El Gobierno, el Ministerio Público, la policía de Carabineros, los municipios sostenedores, todos ellos deben compartir la responsabilidad de permitir estas interacciones entre algunos profesores y alumnos que llevan no solo a deteriorar la educación, con serios impactos académicos, sino a acciones criminales contra el resto de los docentes. Estos últimos solo han intentado ponerles término a estos graves desequilibrios, sin dejarse llevar por la política ni por un espíritu permisivo, pero han resultado seriamente maltratados. Algunos grupos políticos no escapan a esta actitud de tolerancia y permisividad y les corresponde a ellos buena parte de la responsabilidad, pues han sido quienes han ido creando el clima propicio para las peores manifestaciones de violencia. El primer informe sobre la participación de docentes es de hace más de un año, pero la entonces alcaldesa de Santiago, hoy electa diputada, no continuó con la investigación y hoy, sin embargo, tanto ella como quien fuera su director de educación eluden asumir cualquier responsabilidad.

La policía, a su vez, aparece como arrinconada por escolares, sin acciones de inteligencia que les permitan saber qué se está preparando y cuáles son los principales riesgos que deberán enfrentar. Tampoco parecen existir métodos investigativos como para identificar a los violentistas y sus instigadores. La Fiscalía recién hace algunas semanas accedió finalmente a abordar en conjunto y coordinadamente la indagación de las acciones de violencia que afectan a distintos liceos emblemáticos. Mientras, el padre de un niño quemado grave hace más de un año en el INBA se preguntaba por qué nadie ha sido capaz de identificar a los instigadores.

Ahora que se aproxima un posible cambio de signo político en el Gobierno, es previsible que la violencia se intensifique aún más con el objeto de dañar y desestabilizar a una administración de derecha, como lo sufrió el expresidente Piñera (no debe olvidarse el papel protagónico jugado por escolares en el inicio del estallido de 2019). La hipótesis no es descartable, pero esta vez hay mayor interés de todos los sectores por poner término a estas conductas. Sin embargo, no será fácil, pues el municipio de Santiago perderá la tuición sobre los liceos, los que pasarán a manos de un Servicio Local de Educación Pública. Será más difícil para este nuevo sostenedor, que tendrá más de 40 instituciones y tres mil 500 docentes, controlar lo que ocurra en ellas.