La semana pasada, tres profesoras del Instituto Nacional fueron rociadas con bencina. El hecho ocurrió luego de que un grupo de encapuchados reingresara a este liceo emblemático después de lanzar artefactos incendiarios en la vía pública y atacar a carabineros. Situaciones similares vienen ocurriendo desde hace años en planteles de la comuna de Santiago. En ocasiones, el fenómeno se ha extendido también a liceos de Providencia. Son todos emblemáticos. Ello da algunas pistas del carácter de esta violencia: hay un simbolismo en estos ataques, por la larga tradición que caracteriza a estos establecimientos, creados muchos al inicio o mientras se consolidaba la república. Por lo mismo, es difícil no interpretar esta violencia como un ataque a esa idea. El foco se concentra ahí, porque seguramente son grupos anárquicos pequeños, con una capacidad limitada de provocar daño. Con todo, el perjuicio que han causado, atendida la importancia social de estos liceos, es significativo.

No deja de sorprender la incapacidad que han mostrado las autoridades para desbaratar este movimiento radicalizado. Este es un asunto que indudablemente, por su carácter, trasciende al sostenedor, que en estos momentos es el municipio de Santiago. Se debe recordar que a partir de enero la responsabilidad le corresponderá al Servicio Local de Educación (SLEP) de Santiago, que depende de la Dirección Nacional, organismo que forma parte del organigrama del Ministerio de Educación. Es más, los directores de estos servicios son de confianza presidencial. El problema, entonces, rebota muy arriba en la estructura del Estado. El actual ministro ha sostenido que no tiene las competencias legales para enfrentar esta situación, porque se trata de delitos y no de problemas de convivencia escolar. Es positivo el reconocimiento, pues demasiadas veces ha emergido un análisis confuso, donde las causas se han atribuido a factores educacionales. Con todo, su planteamiento no es convincente. La autoridad educativa es parte de un gabinete nacional y cabría esperar un trabajo conjunto con los responsables de la seguridad pública para desarticular a estos grupos.

El alcalde de Santiago, sostenedor hasta fin de año, ha sido, en cambio, activo persiguiendo estos delitos en coordinación con la fiscalía y con apoyos de las propias comunidades educativas, pero estas iniciativas requieren de otras acciones complementarias de las policías y muy posiblemente de sus servicios de inteligencia. Ahí la articulación y coordinación del gobierno central es fundamental. Por supuesto, este tiene muchas demandas y recursos escasos. Aun así, este asunto urge. Por un lado, la importancia histórica de estos liceos no se puede desconocer y el daño que se provoca a la imagen de la educación pública es demasiado grande como para que dar solución a este problema no sea prioritario. Por otro, la incapacidad de contener a los “overoles blancos”, una situación que lleva repitiéndose por más de una década, deja en entredicho al Estado chileno. Emergen rápidamente dudas, por ejemplo, sobre su real capacidad de controlar al crimen organizado, que cuenta con muchos más recursos que estos grupos radicalizados.

La posibilidad de que se den pasos importantes en los próximos meses en esta materia es reducida. Pronto, además, el año escolar llegará a su término. Sin embargo, el próximo gobierno tendrá aquí un desafío significativo. El inminente traspaso de estos liceos desde el municipio de Santiago al SLEP hará recaer con aún más fuerza en el gobierno nacional la solución. Adicionalmente, la contienda electoral ha estado marcada por la seguridad pública. Aquí hay, pues, un testeo que el próximo gobierno tendrá que enfrentar más temprano que tarde.

En la segunda parte de este año parecen haberse intensificado estas acciones de violencia. Nada hace prever que se vayan a reducir a partir de marzo, a menos, por supuesto, que el Gobierno coordine las distintas agencias del Estado para colocarles mayores dificultades a estos grupos. Idealmente, esta estrategia debe incluir devolver a estos liceos su razón de ser histórica, esto es, la selección por aptitud académica de los estudiantes interesados en ellos. La imposibilidad actual de hacerlo, legislada en la Ley de Inclusión, seguramente ha contribuido a la crisis de sentido en la que se encuentran.