Ningún gobierno puede ser exitoso si no emplea a las personas idóneas. Pero la selección de estas depende de cuáles sean las tareas a acometer. En este sentido, es fundamental entender desde ya que Hacienda, Economía, Interior, Seguridad y Salud —donde parecen estar hoy las prioridades de la ciudadanía— no son las únicas carteras que enfrentarán grandes desafíos en la próxima administración. Esto vale especialmente para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo buen desempeño es indispensable para el funcionamiento del Estado de Derecho.

El próximo ministro deberá emprender la reforma al sistema de nombramiento de los jueces y la implementación de la ley que modificó el sistema notarial y registral, incluyendo el mecanismo para el nombramiento de los notarios y conservadores de bienes raíces, que entra en vigencia en abril. Los numerosos casos de falta de probidad y tráfico de influencias que han remecido a la administración de justicia en los dos últimos años, y recientemente también a algunos parlamentarios, han servido como verdadera “terapia de choque” para aquilatar el efecto corruptivo de los sistemas de nombramientos vigentes. No todo es asunto de procedimientos, pues sin una base mínima de probidad no hay ninguna fórmula capaz de impedir por completo los abusos, pero los sucesivos escándalos no dejan otro camino que intentar un mejoramiento de las reglas.

El segundo gran desafío es tanto o más urgente y consiste en la reforma al sistema penitenciario y a la institución encargada de administrarlo, Gendarmería de Chile. Un nuevo caso de fuga ha puesto otra vez en entredicho las capacidades de las cárceles para cumplir su función más elemental, y los expertos denuncian otras fragilidades que se arrastran desde hace mucho tiempo. Junto a los efectos inmediatos en el plano de la seguridad y el control del crimen organizado, la inversión en un sistema penitenciario idóneo, digno y capaz de fomentar la resocialización de los internos es crucial para el futuro del país. El progreso requiere instituciones que estén en condiciones de procesar adecuadamente los conflictos sociales más graves. Su ausencia, o su lastimosa debilidad, favorece el desarrollo de carreras criminales y la expansión de una “cultura carcelaria” en vastos estratos de la población que ha pasado por las prisiones o que, por vínculos familiares o sociales, está en contacto con quienes lo han hecho.

Una tarea importantísima será también llevar a buen término el Plan de Búsqueda de personas desaparecidas, continuando el trabajo hecho y, más importante aún, dándole una impronta verdaderamente reconciliadora. El Ministerio debe impulsar y encarnar el sentido deseo de muchos en cuanto a que los asuntos relativos a la protección de los derechos humanos y la reparación de las personas afectadas por su violación no sea el botín de ciertos grupos sectarios e ideologizados. La apropiación de la agenda de derechos humanos por parte de estos grupos ha hecho un gran daño al país, impidiendo o dificultando procesos de memoria, reconciliación y elaboración del pasado que eran y son necesarios. Es crítico que el nuevo ministro de Justicia sea una persona idónea para liderar también esta delicada tarea.