Viviendo la etapa final de su gobierno, Gustavo Petro —una de las figuras, junto a Gabriel Boric, de la ola izquierdista que asumió el poder en países de la región a principios de esta década— debe enfrentar una nueva investigación que atañe a su círculo cercano. Reportajes periodísticos recientes han destapado supuestos vínculos de líderes de las disidencias de las FARC con altos oficiales y funcionarios de inteligencia que responden directo al Presidente. De ser confirmados, demostrarían no solo que la política de “paz total” ha sido un fracaso, sino que no había una voluntad real de neutralizar a los grupos armados. Dada la gravedad, sorprende que Petro haya salido en defensa cerrada de sus subalternos, sin esperar a que la justicia indague en profundidad.

Según Caracol Radio, en los archivos del líder guerrillero “Caralcá”, recuperados de dispositivos electrónicos y celulares incautados, se encontraron chats, cartas y mensajes que mostrarían que los subversivos recibían de parte de miembros del ejército información de inteligencia, incluidos datos proporcionados por Estados Unidos, que les avisaban de operaciones contra ellos, y que habrían acordado un supuesto “pacto de no agresión”. Caralcá fue detenido en julio de 2024 y liberado por ser “gestor de paz” (o sea, que negociaba con el gobierno en el marco de la “paz total”), pero el material quedó en la Fiscalía, la que no avanzó en ninguna investigación hasta que los periodistas lo revisaron. El reportaje involucra a un general dado de baja en 2021, reintegrado al ejército por el Presidente, y al jefe de la dirección nacional de inteligencia, una oficina a la que llaman “el servicio secreto de Petro”.

Hay quienes acusan al mandatario de una actitud benevolente con la guerrilla e incluso de haber sido cómplice de que los grupos en armas hubiesen crecido durante el fallido proceso de negociaciones. No se sabe si los funcionarios habrían operado bajo órdenes de la Presidencia, pero las declaraciones de Petro muestran que mantienen su confianza. Este no es el único caso que complica al gobernante, pues están abiertos procesos judiciales contra su hijo Nicolás, por corrupción, así como contra dos exministros, por una trama de supuestos sobornos que involucran a una agencia gubernamental que gestiona los riesgos de desastres. Este último caso tendría relación con intentos de los exsecretarios para asegurar apoyos legislativos a proyectos del gobierno. Y esta semana, el Consejo Electoral decidió sancionar a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia por haber violado los topes electorales y por financiación prohibida.

Por sus múltiples repercusiones, incluida la negligencia de la Fiscalía para manejar el material confiscado, y a meses de las próximas elecciones, el caso “Caralcá” amerita una acuciosa investigación independiente.