Siete meses después de ganar la Presidencia con el 55 por ciento de los votos, Daniel Noboa sufrió una dura derrota en el referéndum del domingo pasado, en el que buscaba la aprobación de reformas clave para su agenda. Los votantes no quisieron apoyar un nuevo experimento constituyente ni cambiar el financiamiento público de los partidos políticos, tampoco reducir los escaños parlamentarios ni aceptar la instalación de bases militares extranjeras. Una cautela que limitará el margen de maniobra de un Presidente que necesita avanzar en su programa, especialmente en lo que se refiere a seguridad ciudadana, en uno de los países más violentos de la región.

Noboa tendrá que seguir gobernando de acuerdo con la Constitución de 2008, elaborada por una Asamblea que declaró la plurinacionalidad y consagró amplios derechos, incluidos los de la naturaleza, pero que no ha resuelto los problemas más acuciantes de los ecuatorianos. La pobreza, la desigualdad y ahora la inseguridad son las principales preocupaciones de ciudadanos que, desencantados de que el gobierno no haya entregado una respuesta rápida y contundente, rechazó las opciones propuestas. Para Noboa no ha sido fácil poner en práctica su programa, por recurrentes enfrentamientos con la Corte Constitucional, una de las razones para haber acudido a la ciudadanía en busca de respaldo.

En seguridad, el Presidente es categórico en indicar que se necesita la cooperación extranjera para controlar el crimen organizado, que ha desatado una ola de violencia inédita hasta hace pocos años. En 2009, porque la entonces nueva Constitución lo prohibía, Estados Unidos debió desmantelar una base militar que ayudaba al control del narcotráfico. Desde ese momento las actividades criminales se expandieron, con bandas mexicanas operando en el territorio, situado entre los dos grandes productores de cocaína, Perú y Colombia. Pero los grupos delictuales no solo negocian con drogas, sino también con minería ilegal, extorsiones y sicariato. A su vez, la rivalidad entre bandas está en la raíz de la crisis carcelaria, que cada cierto tiempo deja decenas de presos muertos en peleas al interior de los penales.

Que se haya rechazado eliminar la prohibición a la instalación de bases militares extranjeras no quiere decir que Noboa renuncie a la colaboración de Estados Unidos y de Europa. Hay acuerdos vigentes con Washington, firmados en el gobierno anterior, de Guillermo Lasso, que permiten operaciones militares conjuntas y de interceptaciones aéreas en contra del narcotráfico, y el gobierno ya dijo que, respetando el pronunciamiento ciudadano, se continuará operando en aguas internacionales, como se ha hecho este último tiempo.

Los seguidores de Rafael Correa (condenado por corrupción y asilado en Bélgica) y los movimientos indigenistas, ambientalistas y sindicales tuvieron éxito en bloquear las reformas de Noboa, pero no han logrado articularse en una oposición que sea alternativa al gobierno. En este contexto, el gran desafío de Noboa es estar a la altura de las expectativas que generó su promesa de lograr éxito enfrentando al crimen organizado y la violencia. Un objetivo electoralmente atractivo, pero cuya consecución se muestra compleja.