La configuración de reglas institucionales sólidas en todos los ámbitos representa un desafío para cualquier país. Pero es probable que existan pocas instancias donde esto sea más relevante que en los debates en torno al presupuesto nacional.

Por más de dos décadas, Chile avanzó en un modelo presupuestario basado en dos pilares esenciales. En primer lugar, la lógica de que los ingresos relevantes para la discusión debían ser los estructurales, esto es, aquellos ajustados por el ciclo que puede afectar a una economía. Tal cálculo estadístico quedaba en manos de los equipos especializados del Ministerio de Hacienda, con la calidad técnica y el acceso a información necesarios para hacer el mejor trabajo posible. Definidos esos ingresos, se procedía a aprobar los gastos en función de una autoimpuesta regla de balance estructural. Así, nuestro Congreso, históricamente, aprobó los gastos bajo el supuesto de que el cálculo de ingresos respondía a criterios de calidad. Más aún, el segundo pilar que aseguraba el adecuado despacho del presupuesto era la confianza en la labor de la autoridad responsable. De este modo, en el fondo, la institucionalidad dependía de un mecanismo de incentivos tácito: el potencial daño reputacional de una autoridad económica que fallara sin justificación razonable en las estimaciones de ingresos debía ser suficiente para asegurar la ausencia de errores gruesos con impacto macroeconómico significativo.

Este diseño permitió acumular activos durante los ciclos positivos, conteniendo la presión política por gastar más cuando había ingresos extraordinarios. Así, se pudieron utilizar dichos ahorros en los ciclos negativos, evitando ajustes de gasto forzosos. Esto habilitó una política fiscal anticíclica que dio grandes beneficios al país.

Pero si estos pilares parecían suficientemente fuertes para blindar a Chile de déficits inesperados, deuda creciente o del drenaje injustificado de los ahorros nacionales, el manejo fiscal bajo la administración Boric ha dejado en evidencia que tal fortaleza era más aparente que real. La situación vivida en abril pasado fue la culminación de una secuencia de errores que venían dañando la institucionalidad. Frente al evidente descalce fiscal, el Ministerio de Hacienda modificó su regla de balance estructural —los cuestionamientos del CFA a este respecto han sido duros—, sumando además ajustes presupuestarios que dependían de modificaciones legales de aprobación incierta. Así, la responsabilidad de corregir la falla técnica fue traspasada al Congreso, en lugar de ser íntegramente asumida por la autoridad.

La renuncia, en agosto, del ministro Mario Marcel legó a su sucesor, Nicolás Grau, la urgencia de equilibrar las cuentas fiscales.

La descripción anterior es necesaria para comprender el difícil trámite que ha enfrentado el Presupuesto 2026 en el Congreso. Frente a la pérdida de credibilidad en las estimaciones de ingresos, los parlamentarios han presionado al Ejecutivo para anticiparse a un eventual nuevo descalce cuyas consecuencias enfrentaría el próximo gobierno. Pero nuestra institucionalidad no estaba preparada para el derrumbe del pilar de la confianza, lo que ha forzado a considerar distintas alternativas para asegurar que las responsabilidades sean asumidas por las autoridades correspondientes y evitar otro déficit.

Entre las posibilidades barajadas está el condicionar el desembolso de gastos en función de la progresión de los ingresos. Esto significaría incorporar cierta ciclicidad al presupuesto, alejándose del esfuerzo de las últimas dos décadas. Sería el precio de la irresponsabilidad. Medidas más drásticas pasan por rechazar partidas, evento en que solo se asignan recursos para aquellos gastos definidos por leyes permanentes. Esto permitiría reducir las posibilidades de nuevos déficits, con el costo de recortar un número importante de desembolsos. Ante la negativa de Hacienda de revisar sus estimaciones, esta opción adquiere fuerza conceptual.

Todo esto obliga a reflexionar sobre los orígenes del problema. Y tal reflexión impone evaluar, por ejemplo, la necesidad de generar instancias formales de revisión de las estimaciones de ingresos de Hacienda o incorporar fórmulas para evitar modificaciones arbitrarias a la regla fiscal. Veremos si, con el poco tiempo restante, el Congreso puede tener una discusión de tal profundidad.