Ni siquiera a una ciudadanía acostumbrada a este tipo de escándalos dejó indiferente la formalización de dos abogados y la pareja de una exministra de la Corte Suprema por delitos de cohecho y lavado de dinero. Durante toda esa semana, y a pesar del ambiente absolutamente dominado por la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, las audiencias del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fueron seguidas por muchos como si se tratara de un verdadero reality show. El nombre que se le ha dado al caso, las personas y montos involucrados, la performance mediática de la jueza y de los demás intervinientes, junto al hecho de que los detalles de algunas imputaciones se fueran modificando casi en tiempo real en función de nuevas diligencias investigativas, confluyeron en una audiencia extraña por su contenido y duración. Más intrigante resultaba todavía el que no se estuviera formalizando a la persona que estaba en el centro de todos los relatos e imputaciones, la exministra Vivanco; si había razones técnicas para ello, estas no resultaron realmente comprensibles.

Por todo lo anterior, aunque la Fiscalía obtuvo las medidas cautelares que solicitó, las críticas a su labor por parte de la magistrada —algunas de las cuales estaban bien fundadas, aunque pudieron formularse en términos menos estrepitosos— dejaron una cierta impresión de efectismo y precipitación por parte del ente persecutor. Esto pone de manifiesto una vez más que la audiencia de formalización es entendida por todos los actores como una acusación pública, un momento de escarnio y espectáculo que podría ser inherente a la dimensión política del derecho y del proceso penal. Si esta impresión fuera correcta, aun contra el sentido que la ley atribuye a esta instancia, entonces la responsabilidad de todos los intervinientes —y en particular del fiscal, que adopta discrecionalmente la decisión de formalizar— es enorme. Una formalización precipitada y con fundamentos inestables puede tener poco futuro, pero siempre inflige un daño irremediable a la persona formalizada y su familia.

La audiencia y las entregas noticiosas de los últimos días han dejado en claro también que el caso de la trama o “muñeca” bielorrusa tiene múltiples aristas y se relaciona con otras tramas construidas también sobre la base de redes de poder e influencia. Una de las más expuestas hasta ahora es la que protagoniza el actual ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, contra quien ya se ha anunciado una acusación constitucional como la que la semana recién pasada concluyó con la destitución del exministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa. Entre otras cosas, Simpertigue habría realizado un viaje con uno de los abogados imputados en la trama bielorrusa justo después de que Codelco pagó a su cliente lo ordenado por el tribunal del primero. A esto se suman nuevos mensajes e imágenes que relacionan en contextos sospechosos a estas mismas personas con otros abogados, políticos, conservadores de bienes raíces y notarios, y a estos con la exministra Vivanco y su pareja u otros funcionarios en un plano de cercanía personal. Todo esto debe ser esclarecido.

Resulta fundamental que la institucionalidad esté a la altura de este momento, que bien puede calificarse de histórico. Pocas veces las personas y organismos competentes han tenido la oportunidad de penetrar en estas redes de poder e influencia junto al claro mandato ciudadano de acabar con ellas. Para esto se requieren al menos una transparencia que hasta ahora ha estado prácticamente ausente —las comunicaciones ilícitas se conocen solo gracias al periodismo de investigación—, y un patriotismo capaz de anteponer el bien de Chile a la conveniencia personal.