Recientemente, Washington acusó que los cultivos de coca y producción de cocaína aumentaron en Colombia a niveles récord. Como consecuencia, la administración Trump le quitó a Colombia su certificación de aliado en la lucha contra las drogas, y el correspondiente financiamiento, por primera vez desde 1996.

El Presidente Petro respondió en duros términos, acusando que EE.UU. interviene en la política interna colombiana y desea un gobierno títere. La certificación —dijo—“no debe ser un instrumento de dominación y poder”, y sostuvo que la política antidrogas ha fracasado en el mundo, que el consumo de cocaína aumenta, y que, por eso, crecen los cultivos de coca.

Washington escaló las tensiones incorporando al Presidente Petro, a su esposa Verónica, a su hijo Nicolás y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por supuestamente no frenar el narcotráfico.

La designación de personas o entidades en la OFAC, más conocida como Lista Clinton, conlleva sanciones como el bloqueo de operaciones financieras y prohíbe a ciudadanos o compañías estadounidenses mantener vínculos comerciales con quienes figuren en dicha lista.

Como consecuencia, hace dos semanas, compañías que operan en el aeropuerto de Barajas en Madrid se negaron a abastecer de combustible al avión presidencial de Petro, en que viajaba rumbo a Arabia Saudita, puesto que las empresas que prestan dicho servicio tienen capitales estadounidenses y temen incurrir en violaciones de las regulaciones de la OFAC. El avión presidencial tuvo que ser trasladado a una base militar española donde pudo reabastecerse de combustible y seguir su vuelo.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la búsqueda de acuerdos del Presidente Petro con “grupos narcoterroristas” ha empeorado la situación de los cultivos de coca. El gobierno colombiano argumenta que el 2024 incautó un récord de 884 toneladas de cocaína y destruyó 5.242 instalaciones narco.

El momento reciente más complejo entre Washington y Bogotá ocurrió durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Horas después de su discurso, Petro participó de una manifestación callejera contra las políticas de Trump donde, megáfono en mano, llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de sus superiores, acto considerado un delito federal. El Departamento de Estado revocó de inmediato la visa de Petro para permanecer en territorio estadounidense y debió abandonar Nueva York.

Petro respondió que le quitaron el visado por “pedir al Ejército de EE.UU. y de Israel que no apoyen un genocidio”, y agregó que la sede de la ONU no puede continuar basada en Nueva York. Los adversarios de Petro argumentan que el Presidente deseaba que le quitaran la visa para instalar una narrativa Petro vs. Trump, con miras a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Hay que recordar que el mandatario colombiano tuvo un primer enfrentamiento con Trump cuando se negó, inicialmente, a acoger la llegada de vuelos militares estadounidenses con colombianos deportados, lo cual tuvo que aceptar tras la amenaza de Trump de imponerle altos aranceles a Colombia.

El distanciamiento entre Bogotá y Washington se suma a la presión de la administración Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro. El Presidente Trump confirmó en días pasados que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y añadió que considera realizar ataques contra carteles de la droga en instalaciones terrestres.

El inédito despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe ha agregado tensiones a las ya existentes. Los disparos de misiles a supuestos narcotraficantes en lanchas rápidas han sido caracterizados por el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. como “ejecuciones extrajudiciales”, violan el principio de proporcionalidad y el uso legal de la fuerza, y han sido condenados por varios países.

El mandatario colombiano ha denunciado con vehemencia estas operaciones, argumentando que entre las víctimas hay pescadores. El Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe, dejó de compartir inteligencia con EE.UU. sobre embarcaciones sospechosas de ser usadas para el narcotráfico, por considerar que los bombardeos son ilegales. El curso de colisión entre EE.UU. y Colombia continúa, y las fricciones geopolíticas en la región tienen efectos imprevisibles. Heraldo Muñoz
fue canciller de Chile entre 2014 y 2018