De no mediar sorpresas extremas, todo indica que la elección de mañana no despejará la incógnita presidencial, sino que representará el inicio de una campaña de segunda vuelta cuyos más probables protagonistas serán la candidata oficialista y abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, y una de las cartas opositoras de derecha.

Así, el balotaje será escenario para una fuerte contraposición de ideas en los más variados ámbitos, siendo el económico —marcado por una realidad cuya complejidad es hoy ampliamente reconocida— uno de los más relevantes.

Lecciones de largos meses de campaña

Los meses de debate político previos a la primera vuelta de mañana permitieron solidificar un consenso técnico respecto de algunos de los principales desafíos que enfrenta la economía chilena,

Uno que resonó con particular fuerza fue la imperiosa necesidad de elevar los niveles de crecimiento tras más de una década de estancamiento. La normalización de una expansión tendencial del producto inferior al 2% anual es insuficiente para acortar las brechas con los países más avanzados, además de situarse por debajo de las proyecciones de crecimiento mundial.

Por eso, es valioso que la mayoría de las candidaturas haya puesto énfasis en medidas que apuntan a revitalizar la iniciativa privada, promover el emprendimiento y apostar por la innovación. Incluso algunas de las cartas de extrema izquierda plantearon apoyo a las pymes y agilización de los permisos sectoriales. En la oposición se ha insistido en una reducción de impuestos, particularmente el corporativo, como uno de los canales de activación de la producción.

La atracción de inversión se configuró también como un pilar para retomar mayores niveles de crecimiento, considerando las lánguidas cifras de la actual administración en esta materia (la formación bruta de capital fijo cayó 0,4% en 2023 y 1,4% en 2024). Para ello, junto con la reducción de impuestos, distintas candidaturas plantearon reinstaurar un estatuto de atracción de inversiones.

En el ámbito fiscal, la problemática situación que vive el país se tomó la agenda. Luego de años de obviar las cifras, parte importante del mundo político parece haber reconocido la necesidad de retornar a un manejo prudente y serio, que no solo asegure el cumplimiento de la regla de balance estructural en 2026, sino que sincronice de forma responsable y permanente las presiones de gastos y los ingresos de la nación. Por de pronto, este giro es condición necesaria para evitar que la deuda del gobierno central supere el límite prudencial de 45%, algo que con las tendencias actuales parece inminente.

De esta forma, la mayoría de las candidaturas, exceptuando aquellas con marcada orientación de izquierda, han planteado la necesidad de ajustes presupuestarios significativos. De concretarse, esto requerirá un análisis que deberá utilizar como insumo la evidencia sobre los programas mal evaluados y con malos resultados, la necesidad de una profunda modernización del empleo público y todo espacio de mejoramiento de gestión en el Estado.

Más allá de las obvias dificultades de conjugar las reducciones de tributos con estos ajustes, su velocidad y profundidad dependerán en parte de la composición del nuevo Congreso que emerja mañana.

Debate presupuestario en medio del balotaje

Si la campaña de primera vuelta ha permitido identificar preocupaciones que generan extendido consenso, luego de mañana, la probable confrontación entre solo dos aspirantes a La Moneda debiera servir para agregar necesarias precisiones en tres aspectos centrales: la reducción del gasto, la promoción del empleo y la atracción de inversión.

En el caso de la candidata de izquierda, deberá hacerse cargo del legado de una administración que ha tenido magros resultados en cada uno de dichos ámbitos. En particular, el retroceso en materia de empleo será un pesado lastre para quien fuese ministra del Trabajo entre marzo de 2022 y abril de 2025. Una tasa de desempleo igual o superior al 8% por 33 meses consecutivos y de 9% o superior entre las mujeres en los últimos 20 meses lo ilustra. Será entonces importante observar si mantiene las convicciones que han contribuido a lo que ha sido llamado una “emergencia laboral”. A su vez, para quien sea la carta opositora, sus desafíos estarán en la elaboración de una agenda que pueda rápidamente promover el empleo.

Pero es probable que también la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 se incorpore al debate durante las próximas semanas. La aparente reticencia del Gobierno para ajustar a la baja sus estimaciones de ingresos —una demanda parlamentaria fundada en los errores pasados de Hacienda— debe preocupar a todo quien aspire a llegar a La Moneda. Esto, pues nuevos desajustes no solo significarían heredar un mayor déficit, sino también ajustar la agenda de cambios de la nueva administración. Por lo mismo, las tensiones que significaron el rechazo de parte importante del proyecto presupuestario hace unas semanas bien podrían replicarse. Incluso no es posible descartar un escenario no visto en el pasado: el rechazo o no despacho del presupuesto por el Congreso. Por las consecuencias políticas y económicas involucradas, es de esperar que Hacienda evite un desenlace así.