Qué harían para reducir las tarifas eléctricas se les preguntó a los candidatos en el último debate presidencial. Todos prometieron rebajas y algunos hasta adelantaron los porcentajes en que se reducirían las cuentas con sus medidas. Las propuestas fueron desde renegociar los contratos de suministro hasta instalar placas fotovoltaicas subsidiadas, y desde permitir la competencia tarifaria hasta expropiar la industria.

Antes de evaluar esas ideas, es necesario comprender los componentes de la tarifa. Para un consumidor de Santiago, el primer elemento es el precio de la energía establecido en los contratos de suministro de largo plazo, de unos $95/kWh, seguido del costo de distribución y transmisión, que suma unos $38/kWh (este último, con un retraso tarifario de US$ 800 millones). Y se agrega el costo regulado de potencia, de unos $25/kWh. Además, los clientes de mayor consumo están afectos a un cargo adicional para pagar la deuda acumulada por la fijación de precios posestallido. A esta suma se le agrega el IVA, lo que da los valores del pliego tarifario, de $215 a $230/kWh. ¿Son estos precios elevados? No, si nos comparamos con la Unión Europea, que tiene un valor promedio de $312/kWh. Sí parecen elevados a nivel latinoamericano, pero aquí hay muchos casos especiales que hacen poco comparable el promedio: Paraguay recibe electricidad barata de los embalses de Itaipú y de Yaciretá; en Argentina, las tarifas han respondido históricamente más a criterios políticos que a los costos reales; en Venezuela el valor es irrisorio (cuando hay suministro), y así con otros países.

En el debate, varios hicieron notar que los contratos de suministro más antiguos tienen valores elevados, mayores que los costos marginales actuales, y que, si se anularan, las tarifas serían más bajas. Pero aunque esto explica parte de los altos costos, el que ese elemento represente menos de la mitad del valor final implica que eliminar dichos contratos tendría un efecto limitado. Por otra parte, romper los contratos de suministro aumentaría el riesgo país y sería un disuasivo a nuevas inversiones. Y es que, contra lo que señalaron algunos candidatos, no parece que las empresas eléctricas sean tan rentables, dadas sus enormes inversiones: el año pasado, la rentabilidad de Enel y de Colbún fue inferior al 5% de su patrimonio. Pudo ser un error haber licitado contratos de tan largo plazo cuando el país vivía momentos críticos de energía, pero entonces se creía que era la única forma de conseguir inversión, en una época en que los costos de las renovables eran aún demasiado altos.

La propuesta de permitir la libre comercialización es interesante, aunque no conduciría en forma directa a menores cuentas. Los comercializadores típicamente anuncian planes que ofrecen descuentos si los clientes adaptan su consumo a las condiciones de mercado. Un plan común es uno en que los hogares pagan poco por consumir de día (pues sobra la electricidad solar) y más por el consumo nocturno. Personas disciplinadas pueden reducir así sus cuentas, pero previamente deben instalar un medidor electrónico.

La idea de colocar paneles subsidiados en dos millones de hogares es atractiva, pero tiene dificultades. El subsidio es más efectivo en el norte y centro que en el sur, y es difícil habilitarlos en edificios. Además, instalar 2 millones de paneles requiere mucha mano de obra capacitada, la que no existe en cantidad suficiente, por lo que tardaría varios años.

En resumen, las ideas muestran mucha imaginación, pero el espacio real para reducir precios es menor de lo que se promete, al menos, sin introducir políticas que ahuyenten a los inversionistas. Sería recomendable aumentar la transparencia efectiva de la información sobre la formación de la tarifa (así como evitar errores en los cálculos) para que la incomprensión no alimente la desconfianza ciudadana, y no retrasar las alzas de precios, para no generar deudas cuyo cobro luego los encarecerá aún más. Un futuro gobierno cuya mayor credibilidad económica se traduzca en un dólar más barato también contribuiría a bajar el precio de los contratos, indexados a esa moneda.