Gracias a la difusión de imágenes en redes sociales, se conoció este domingo que 23 reos de la cárcel Santiago Uno habrían realizado una fiesta durante el fin de semana, la cual habría incluido un asado y el consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, hace unos días fueron detenidos trece gendarmes, quienes son acusados de integrar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio. Ambos hechos constituyen apenas una muestra de una realidad a estas alturas insoslayable: Gendarmería de Chile no solo se encuentra completamente sobrepasada, sino que, una y otra vez, algunos de sus efectivos aparecen involucrados en actividades delictivas. Mientras tanto, las precarias condiciones de los recintos carcelarios permiten que en ellos campee la ley del más fuerte, y que diariamente se vulneren los derechos de las personas condenadas.

Nada de lo anterior parece sin embargo constituir una real urgencia para la autoridad política, pues más allá de medidas reactivas cuando alguna situación de ribetes escandalosos salta a la la luz, no se observan iniciativas de fondo que intenten hacerse cargo de la magnitud del problema. Y en ese contexto es que el Gobierno ha anunciado ahora la conversión del penal especial de Punta Peuco en una cárcel común. Por cierto, el anuncio es meramente simbólico y parece obedecer a un asunto de conveniencia electoral, ya que para ciertos sectores de izquierda la supresión del penal constituye una aspiración, sin importar —o tal vez precisamente por ello— que su creación haya sido fruto de un acuerdo político de mayor envergadura. En cualquier caso, el carácter meramente simbólico del anuncio salta a la vista. Por una parte, el arribo de nuevos internos estaría previsto recién para el segundo trimestre o mediados del próximo año, una vez que concluyan las obras para adecuar la infraestructura y realizar una ampliación que permita recibir a 32 personas adicionales, al menos en una primera etapa. Es posible, también, que los nuevos internos sean —como su actual población— igualmente adultos mayores, lo cual tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia, pero al mismo tiempo confirma que no hay en esta medida mucho más que un gesto hacia la base política del Gobierno, a pocos días de la primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias.

De otro lado, el anuncio viene enmarcado por las palabras de la Contraloría General de la República al tomar razón del decreto que introduce el cambio, pues se indica que este “debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los tribunales de justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”. Esta advertencia está reforzada por la reciente discusión, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de un proyecto de ley que persigue precisamente permitir la sustitución de la cárcel por reclusión domiciliaria en el caso de personas enfermas, discapacitadas o mayores de cierta edad, y que se encuentra en primer trámite constitucional, sin urgencia de ningún tipo.

La utilización electoral del asunto de Punta Peuco, el hecho de que el proyecto de ley mencionado carezca de toda urgencia legislativa y la aparente ausencia de iniciativas gubernamentales que sean consistentes con las numerosas señales de descomposición del sistema carcelario chileno, no son casuales. Todo esto no solo da cuenta en forma irrefutable de que la situación carcelaria del país no es una prioridad para el Gobierno; también, lamentablemente, obliga a concluir que el tema ni siquiera es considerado con la seriedad que exigen los graves acontecimientos que han trascendido al conocimiento público en los últimos años.