El debate en torno al FES arriesga el peligro de llenarse de equívocos que, en vez de orientar a la opinión pública, la desconciertan. Y el deber del Legislativo, antes de cualquier decisión, es despejar esos equívocos resolviéndolos o dilucidándolos mediante la deliberación.

Y desgraciadamente eso hasta ahora no ha ocurrido.

Es de público conocimiento que el FES atañe no solo al Cruch —en cuyo interior las opiniones son variadas y disímiles entre sí—, sino al conjunto de las instituciones públicas o privadas que integran el sistema de educación superior. Considerar el interés del conjunto es fundamental en una política pública. Y la falta de consideración hacia ese interés quizá sea el principal defecto del debate, por llamarlo así, sostenido hasta ahora en torno a este proyecto.

Una muestra de ello es el hecho, previsible, de que muchas instituciones privadas, que están fuera del Cruch e incluso alguna que pertenece a él, que hoy se financian de manera relevante con renta familiar actual o futura, preferirán no sumarse a este sistema de financiamiento, no obstante estar animadas por un sincero interés de diversificar el origen socioeconómico de su población estudiantil.

Y no lo harán para eludir la dependencia estatal y la disminución de recursos. Así el resultado será, a poco andar, un sistema más estratificado que el existente hoy día.

A ello se suma una indisolubilidad innecesaria, en la que se entrelazan objetivos político-gubernamentales (la exención del pago que persigue la supresión del CAE para quienes ya han recibido la educación superior) con objetivos de más largo plazo que no son del todo consistentes con el anterior (como internalizar, siquiera en parte, el coste de la educación superior en quienes la reciben, que es lo que persigue el diseño del FES).

En el proyecto hoy en debate se enlazan así dos asuntos que, bien mirados, son conceptual y empíricamente distintos. Uno de ellos es la supresión del CAE; el otro, el financiamiento de los estudiantes que carecen de gratuidad y que, de paso, condiciona la fuente de recursos más importante de las universidades no solo en Chile. Se trata de cuestiones diferentes que, sin embargo, se presentan atadas supuestamente para hacer del conjunto un proyecto viable fiscalmente. Es perfectamente posible abordar los problemas del CAE —en especial la alta morosidad que presenta a pesar de las reformas— y resolver de un modo relacionado, pero distinto, el tema del financiamiento estudiantil.

El proyecto FES no trata del financiamiento integral del quehacer universitario, sino solo del financiamiento estudiantil. Este financiamiento es apenas una parte de la economía del sistema. El otro que se mantiene tristemente en las sombras es el relativo al financiamiento de la investigación y creación, que en el actual sistema se encuentra parcialmente subsidiado por la matrícula estudiantil. Así el proyecto FES no solo desatiende el financiamiento de la investigación, sino que al disminuir los aranceles además empobrece un financiamiento que ya para la mayoría de las instituciones es magro.

Pero por sobre todos esos equívocos existen dos problemas de la máxima relevancia. Uno de ellos es la autonomía de las instituciones de educación superior. El Estado siempre tenderá a concebirlas como instrumentos de política pública cuyos planes y objetivos debieran orientarse por los objetivos estatales. Un sistema de financiamiento que hace depender a las instituciones en su casi totalidad del Estado acentuará esa característica.

El otro es la dependencia del ciclo político y fiscal del sistema. En una situación de estrés fiscal, y sin formas de financiamiento que en una medida relevante sean prescindentes del Estado, las instituciones dependerán de los vaivenes fiscales, siguiendo en esto la experiencia mil veces repetida de la educación superior latinoamericana financiada por el Estado, y sus autoridades se transformarán en gestores de intereses en el proceso político, lesionando no solo su dignidad, sino también la autonomía intelectual y crítica que es su deber ejercer.

Carlos Peña
Rector UDP
Juan Carlos de la Llera
Rector UC