La reciente promulgación de la Ley N° 21.770, que establece un marco para las autorizaciones sectoriales de actividades sometidas a limitaciones regulatorias, comienza a mostrar efectos negativos no deseados en algunos campos de importancia crucial. Esta ley ha sido conocida como la de “permisología”, puesto que procura ordenar los permisos para proyectos e inversiones, y para ello crea un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, con lo cual se debería facilitar la iniciación de nuevos proyectos. Sin embargo, al entrar en vigencia, han aparecido algunos efectos contraproducentes de las nuevas disposiciones, nada menos que en la habilitación de nuevos centros oncológicos. La utilización de material radiactivo, como los que se emplean en los métodos terapéuticos contra el cáncer, queda sujeta a nuevos plazos, más extendidos que los que se tenían hasta ahora, lo que habrá de impactar con seguridad en los tiempos necesarios para la construcción de nuevos recintos oncológicos, que forma parte de las metas de la Ley del Cáncer.

La nueva normativa sobre “permisología” es extensa y compleja, y modifica al menos otras 40 leyes sectoriales, incluidos el Código Sanitario, el de Aguas y la Ley General de Urbanismo y Construcción, a fin de alinearlas con las nuevas disposiciones. En cuanto a la Ley de Seguridad Nuclear, establece explícitamente el plazo que tendrá la Comisión Chilena de Energía Nuclear para responder a las solicitudes en relación con el emplazamiento, construcción y operación de instalaciones nucleares o equipos radiactivos, fijándolo en 240 días; el punto es que hasta ahora operaba un instructivo de la propia Comisión que establecía un plazo máximo de 60 días, de modo tal que la nueva ley multiplica por cuatro los tiempos de espera. Si el objetivo era agilizar los procesos, no resulta fácil explicarse esta disposición. Si, de acuerdo con la nueva normativa, la Comisión llegara a tomarse el nuevo plazo en dar sus respuestas, la construcción de un centro oncológico podría tardar más de dos años desde que se solicite la autorización hasta que esté operativo.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile y, lo que es más grave, sus cifras están aumentando. El país ha mostrado su preocupación y ha tomado diversas medidas. Desde la Ley del Cáncer, de 2020, se han dictado otras disposiciones orientadas a la detección precoz, la incorporación al GES —de garantías explícitas— de algunos de los cánceres de mayor frecuencia, además de un Plan Nacional del Cáncer y otras leyes que buscan proteger a quienes sufren la enfermedad. Pero en la lucha contra el cáncer un componente esencial es el tratamiento oportuno, puesto que cualquier retraso, tanto en su detección como en el comienzo del tratamiento, compromete seriamente el desenlace de la enfermedad. Por ello, se abrigan esperanzas en la construcción de nuevos centros y la idea de una Red Oncológica Nacional anunciada por el Ministerio de Salud ha sido recibida con entusiasmo por la población, en especial por quienes sufren del mal o tienen entre sus seres queridos a personas afectadas.

Los parlamentarios ya manifiestan su sorpresa por las consecuencias de la ley que ellos mismos aprobaron, lo que no es algo nuevo en Chile. Desde la ley de los estacionamientos a la Ley Lafquenche o la que creaba el impuesto al lujo, y ahora la ley que expresamente aumenta los plazos para los permisos de equipos radiactivos, los resultados suelen sorprender a los mismos responsables de su elaboración. Por cierto, esta clase de situaciones no contribuye a aumentar la confianza en nuestras instituciones, como tampoco lo hace la falta de rapidez y de sentido de urgencia con que las autoridades reaccionan frente a hechos como este, que comprometen hasta la vida de chilenos enfermos y en lista de espera. El Ministerio de Salud ha comunicado que está reuniéndose con otros ministerios, “con el fin de esclarecer si existe efectivamente un problema”. No parece la actitud de quienes empatizan con los pacientes y buscan por todos los medios la forma de superar sus dificultades.