En su momento, la decisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de investigar eventuales conductas anticompetitivas en el mal llamado “mercado de la educación superior” sorprendió. La posibilidad de que esas prácticas estuviesen presentes era modesta. Ahora, entregado el informe preliminar, queda en evidencia, más allá de los análisis que ofrece el documento de 360 páginas, que tales conductas no están ocurriendo. Se analizan distintas dimensiones e indicadores propios de mercados poco competitivos, pero sus evoluciones y valores están lejos de permitir una conclusión así. En cambio, sí se constatan problemas asociados a aspectos regulatorios y de asimetría de la información que eran conocidos, en particular la conclusión de que varios de los programas que se ofrecen tienen una rentabilidad económica negativa.

En efecto, el economista Sergio Urzúa, usando una metodología similar a la de este estudio, había estimado que una proporción relevante de programas ofrecidos por las instituciones de educación superior tenían retornos negativos. Las autoridades de la época, a propósito de esta y otras evidencias similares, propusieron una nueva forma de estimar los aranceles de referencia que, en ese entonces, definían los montos máximos de las ayudas estudiantiles. Básicamente, postulaban que estuviesen relacionados con el valor que agregaban los programas. La propuesta fue tildada de “economicista”, que, curiosamente, es un argumento similar al que ofrecen ahora algunas voces críticas del informe de la FNE. Mientras tanto, en este lapso, muchos de esos programas han innovado poco y siguen mostrando los mismos resultados. Como ha denunciado Urzúa, la política de gratuidad no realizó ningún análisis crítico sobre esta realidad y tampoco contiene incentivos para modificar la situación.

El informe sostiene que la rentabilidad negativa de los programas se concentra en áreas como artes y humanidades, y en la educación superior técnico-profesional, siendo una excepción en este último caso las áreas de administración, ciencias y tecnología. Sobre esto es interesante constatar que el último Panorama de la Educación de la OCDE reporta que, para la población entre 25 y 34 años, un 22,3% de los graduados proviene de las artes y humanidades, mientras que para el promedio de esta organización, esa proporción es solo un 8,4%. Por cierto, esto no significa desconocer su importancia en la formación de un joven en todas las disciplinas, pero distinto es formar una proporción tan alta de especialistas en esa área del conocimiento.

Las recomendaciones que hace la FNE son todas atendibles, pero no siempre es evidente su vínculo con los problemas que detecta. Por ejemplo, sugiere eliminar gradualmente los criterios históricos para asignar el aporte fiscal directo. Es una idea bienvenida, pero no necesariamente genera programas más pertinentes. Al mismo tiempo, detecta que el problema de los retornos negativos, si bien se distribuyen en todo el sistema, está concentrado en los institutos profesionales y centros de formación técnica, pero de las medidas que ofrece, salvo quizás la publicación de cálculos de valor agregado, no es evidente que permitan un impacto que movilice a estas instituciones. Mucho más efectivos pueden ser incentivos más directos, como relacionar los aranceles regulados, vinculados actualmente a un deficiente sistema de costos, al valor que agregan los programas, o utilizar la gratuidad para incentivar carreras más cortas. Las alternativas deben ser mucho más ambiciosas para producir realmente la innovación que requiere nuestra formación de pregrado. Todo ello, sin perjuicio de reformas que se vienen discutiendo hace tiempo, como las exigencias que hace el Estado respecto de los grados y títulos para acceder a cargos públicos, que han privado al país de que personas de destacada trayectoria puedan ocuparlos. El llamado que hace la FNE a revisar este aspecto debería generar un nuevo impulso para reconsiderar esas anacrónicas disposiciones.

En suma, el informe contiene elementos valiosos, pero muchos conocidos, y queda en duda la conveniencia de haber abordado esta investigación, que finalmente distrae recursos que se podrían haber utilizado en otros ámbitos.