El Gobierno y los parlamentarios parecen empeñados en validar la peor caricatura de la política, aquella de que es una actividad que solo privilegiaría el interés de quienes participan en ella. Así, la desprolijidad, la torpeza y la falta de mínima sensibilidad respecto de las percepciones ciudadanas se han conjurado en la discusión sobre financiamiento de las campañas.

Como se sabe, el sistema de financiamiento público de la política opera sobre la base de aportes entregados por el Estado en función de los votos obtenidos. Son tres las modalidades: un financiamiento basal para los partidos, que se distribuye anualmente según la votación lograda en la última elección de diputados (UF 0,04 por voto), y dos fórmulas de reembolso de gastos de campaña para candidatos y partidos, respectivamente, los que también se definen a partir de los sufragios conseguidos (UF 0,04 por voto para los candidatos y UF 0,015 para los partidos). El punto es que este año, con el regreso del voto obligatorio, que casi ha duplicado la participación electoral, los montos a repartir también crecerían en esa magnitud, generando una suerte de “reajuste” que nunca fue el objeto de esa reforma y que ciertamente carece de justificación.

El tema fue discutido antes de la elección municipal de 2024, cuando se aprobó una disminución del monto que rigió solo para esos comicios. Era evidente que el problema se repetiría este año, pero el Gobierno dilató cualquier decisión y solo vino a abordar el asunto al presentar la Ley de Presupuestos 2026. La fórmula, además de tardía —se conoció cuando las campañas ya habían comenzado—, fue tímida, manteniendo las cifras por voto para el financiamiento basal y solo reduciendo las correspondientes a reembolsos de campaña. Ello bastó, sin embargo, para despertar el malestar transversal de los parlamentarios. Sin autocontenerse en su condición de incumbentes —buena parte van a la reelección—, desde distintas bancadas alegaron que el ajuste era extemporáneo, pues ya habían contraído obligaciones de campaña según cálculos de devolución que ahora se verían alterados. Hay cierta razón en la crítica por la alteración tardía de las reglas, más allá de que muchos de ellos no tengan el mismo celo cuando son otros sectores los afectados. Sin embargo se omite la responsabilidad de los propios congresistas en lo ocurrido: si es genuina la preocupación que suelen declarar por el buen uso de los dineros públicos, debieron haber advertido ellos, oportunamente, el injustificado aumento del financiamiento político que se produciría y demandar una reducción. En vez, prefirieron apostar a que contarían con recursos para campañas más dispendiosas.

La mayoría de estos reclamos fueron en sordina, pero suficientemente efectivos como para que el miércoles pasado el ministro de Hacienda anunciara el compromiso del Gobierno para “reponer” las sumas originales. Con ello se busca ayudar a destrabar la discusión del Presupuesto 2026, pero, en momentos en que hay consenso sobre la necesidad de equilibrar las finanzas públicas, ni el Gobierno ni los congresistas parecen advertir la incongruencia de pedir al resto una austeridad que el mundo político es incapaz de aplicarse a sí mismo.