Señor Director:

La recientemente publicada Política Nacional de Seguridad Pública que marcará las prioridades del Estado en la materia para los próximos seis años logra materializar una mirada amplia respecto del fenómeno criminal, resultando sus ámbitos de acción (prevención, control, persecución, sanción y reinserción y protección a las víctimas) fundamentales para hacer frente a lo que hoy es la principal preocupación de los ciudadanos.

Se trata de una política pública bien diseñada y que contó con la participación de un amplio abanico de actores y colaboración de organismos técnicos públicos y privados.

Hoy, podemos sostener que Chile cuenta con un marco de seguridad equilibrado que logra combinar prevención, control y reinserción, pero la institucionalidad recién creada debe funcionar como un verdadero sistema, con datos interoperables, evaluación continua y coordinación real del Estado, municipios y sociedad civil. Es aquí donde radica su mayor desafío. Entre los obstáculos que deberá enfrentar están la fragmentación de la información, la débil coordinación entre los distintos niveles del Estado y una limitada capacidad de gestión por resultados.

El nuevo ciclo político debe asumir que sin una transformación del modelo de gestión pública, interoperable, basada en evidencia y con liderazgo territorial, ninguna política sobrevivirá al papel.

La eficacia de esta ambiciosa hoja de ruta dependerá de la capacidad de ejecución de la nueva institución, esto es, asegurar la capacidad técnica, promover el aprendizaje institucional e impulsar la generación de confianzas entre instituciones clave. Solo así la promesa de seguridad, tan presente en los discursos de los candidatos presidenciales, será factible y podrá convertirse en una política de Estado.

Daniel Johnson
Director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana