El artículo 9 de la Ley 20.900 (de 2016) incorporó a su vez en la Ley 18.700 (Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios) un inciso que establece que “sólo se podrá divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, hasta el décimo quinto día anterior al de la elección o plebiscito”. Esto resulta paradojal, si se considera que la Ley 20.900 estaba orientada al “fortalecimiento y transparencia de la democracia”. Y aunque el sentido de la misma es que la opinión pública no se vea influenciada en su intención de voto en las dos semanas previas a la elección por encuestas de última hora, algunas de las cuales podrían intentar manipular el resultado con cifras que no representen la realidad, ese argumento tiene muy poco sustento.

Por una parte, las encuestas se continúan realizando, porque la mencionada ley impide su divulgación pero no su realización, de manera que todos los comandos siguen auscultando a los votantes hasta el final. Por esa razón, esos comandos conocen sus resultados, lo que hace muy difícil que permanezcan completamente opacos a terceros, lo que termina filtrándose a las redes sociales, para transformarse en parcialmente públicos.

Pero más allá de la ineficacia de la ley, si se atiende al fondo de la misma, este tampoco hace mucho sentido. Aquellas personas efectivamente susceptibles de ser manipuladas por los números que arrojen encuestas de última hora —el supuesto de los parlamentarios que propusieron la indicación— serían indecisos, que solo decidirían su voto según lo que esas encuestas indicaren. Impedir la difusión de sondeos priva a esas personas de información relevante para tomar su decisión, o bien, las hace susceptibles a los rumores que circulen respecto de las encuestas que efectivamente se hicieron y que no se conocen, rumores que pueden ser verídicos o no. Así, su decisión de voto seguiría estando contaminada, pero por información no necesariamente fidedigna y de mucho peor calidad que si las encuestas se difundieran libremente hasta el último día. Y si se supone que esas encuestas de última hora son intencionadamente sesgadas con fines manipulativos, según las preferencias de quienes las hacen, entonces la dispersión de resultados sería tal que los votantes no tendrían cómo tomar una decisión a partir de ellas, esterilizando la posible manipulación.

La mejor solución es que las encuestas puedan realizarse y divulgarse al menos hasta el cierre de la campaña, con el nombre de las organizaciones y personas responsables. Es hora de terminar con la veda de encuestas, y entregarle al público la mayor y mejor cantidad de información disponible, para que libremente decida su voto.