La entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció, en abril de 2023, la decisión de no perseverar en la adquisición de la exclínica Sierra Bella. Horas antes, un lapidario pronunciamiento de la Contraloría había cuestionado el proceso de compra. Entre otros aspectos, mencionaba que, al ser de carácter municipal, la clínica solo podría ofrecer atención primaria y no abordar casos más complejos, como pretendía la exedil. Al mismo tiempo, objetaba el precio acordado, que estimaba muy por encima de los valores comerciales de edificios similares y del precio al que se había ofertado el mismo edificio dos años antes, un 60% inferior al que estaba pactando ahora el municipio.

El pronunciamiento pareció zanjar una historia que había tenido uno de sus momentos clave el 18 de enero de ese 2023, cuando el Concejo Municipal, con el impulso de Hassler, tomó por mayoría la decisión de adquirir Sierra Bella, pagando un monto de $8 mil 250 millones (la suma que luego objetaría Contraloría). La compraventa se firmó apenas dos días después. Sin embargo, a medida que fueron conociéndose los antecedentes, el caso generó amplia controversia. Llamaron la atención el apuro con que se procedió y el hecho de que, con pequeñas diferencias, los tres informes de tasadores considerados hubieran avalado un precio que, según expertos y la propia Contraloría, era desproporcionado. En ese contexto, el Ministerio Público inició una investigación en la que, pese a los muchos elementos extraños, no logró reunir las evidencias que permitieran configurar un delito, por lo que finalmente decidió no perseverar. De este modo, sin embargo, se abrió un escenario insólito. Mientras la investigación estuvo abierta, el vendedor no había podido —ante la negativa del Conservador— inscribir la propiedad a nombre del municipio y cobrar así la primera cuota de esta venta. Sin embargo, el pasado septiembre el 19° Juzgado Civil de Santiago le dio la razón a dicho vendedor y este logró realizar el trámite de inscripción. Ello, aun cuando el municipio había venido efectuando acciones judiciales para anular el contrato. Ahora, además, el 20° Juzgado Civil de Santiago ha emitido una orden de embargo por hasta $9 mil millones en contra de la municipalidad y en favor de la parte vendedora. La situación parece lindar así en el absurdo: el actual alcalde, Mario Desbordes, ha sostenido que el edificio no se puede utilizar como Cesfam y carece de utilidad para los vecinos, pero aun así el contrato firmado por su antecesora, objeto de amplios cuestionamientos, sigue pesando como una carga de la que el municipio no logra liberarse.

Independientemente de cuál sea el desenlace jurídico de todo esto, la irresponsabilidad de la exalcaldesa y de la mayoría del Concejo de la época al haber actuado con tanto apuro y sin el debido resguardo del patrimonio municipal constituye un episodio lamentable, que debe servir de lección para todas las administraciones municipales. La credibilidad y confianza en las instituciones públicas está en uno de sus momentos más bajos, y situaciones como esta no hacen más que afectar esos valores. Cabe esperar que, producto de tal irresponsabilidad por parte de las anteriores autoridades, el municipio no se vea obligado a desembolsar recursos que, sin duda, constituirían una pésima inversión.