Con un balance desolador en términos de vidas humanas, el letal operativo del martes contra el Comando Vermelho —CV, el más antiguo grupo criminal brasileño— en las favelas de Alemao y Penha, en Río de Janeiro, también sintetiza las complejidades que supone enfrentar al crimen organizado en aquellos lugares en que este ha consolidado su control territorial. Esto, además, en un país polarizado, donde el conflicto político cruza la discusión de todos los problemas relevantes, incluido por cierto el de la seguridad pública.

La operación, llevada a cabo por la policía del estado y ordenada por el gobernador de Río, Cláudio Castro, perseguía la detención de cabecillas del CV que aún se encontraban en libertad —algunos de los principales dirigentes llevan ya tiempo encarcelados—. La acción, que involucraba a unos 2.500 agentes, encontró una fuerte resistencia, que incluyó el uso de armamento de guerra y hasta drones por parte de miembros del Comando que vestían ropa militar. El saldo fueron más de 120 muertos; entre ellos, cuatro agentes de la policía.

Castro —militante del Partido Liberal, del expresidente Bolsonaro— calificó el operativo como un gran éxito, pero familiares de los fallecidos y organismos de derechos humanos han denunciado el actuar policial por su violencia, asegurando que muchos de los muertos no cayeron en enfrentamientos, sino ejecutados. Los hechos, además, han puesto en evidencia la tensión entre la autoridad de Río y el gobierno central, donde las críticas las ha encabezado el ministro de Justicia, quien aseguró que el Presidente Lula se encontraba horrorizado. Ello ha derivado a su vez en una controversia en la que Castro acusa al gobierno de falta de colaboración para enfrentar el crimen organizado. Para Lula, el asunto es especialmente delicado. No solo porque la seguridad pública será uno de los temas clave en los comicios de 2026, en que buscará una nueva reelección (de hecho, se acusa a Castro de haber ordenado el operativo teniendo cálculos políticos en mente), sino también por la presión del gobierno de Donald Trump —con quien recién está recomponiendo lazos— para que endurezca la mano frente al narcotráfico; no es casual, en este sentido, que el gobernador de Río haya usado el término “narcoterrorismo” —una clasificación empleada recurrentemente por Washington— para describir al CV.

La ominosa realidad del crimen organizado en Brasil, sin embargo, trasciende cualquier discusión política. La propia historia del Comando Vermelho es reveladora de cómo el fenómeno se ha ido instalando en el país. El grupo partió en la década de 1970 como una suerte de autodefensa al interior de las cárceles que reunía a delincuentes comunes y guerrilleros de izquierda, para luego derivar hacia acciones delictivas como asaltos bancarios y secuestros, y posteriormente al narcotráfico. Con unos 30 mil miembros, la clave de su poder es el control territorial que han logrado establecer en los barrios marginales de distintos lugares del país, pero que alcanza su epicentro en las favelas de Río, donde operan como un poder paralelo al del Estado. Y es que si bien el narcotráfico es su principal fuente de ingresos, sus actividades involucran toda una economía delictual que se desarrolla a partir de su dominio sobre el territorio. Desde servicios de internet hasta el mercado inmobiliario o el transporte público son parte de sus negocios.

Según especialistas que han investigado el fenómeno, lejos de lo que pudiera pensarse, el mayor obstáculo que enfrenta el CV no es la acción policial, sino la competencia con otros grupos delictuales. El Primer Comando Capital —la organización criminal más grande del país— es uno de ellos, pero en Río tal vez sus mayores enfrentamientos en los últimos años han sido con las “milicias”, bandas formadas por expolicías que tendrían lazos con el poder político. Por eso es que muchos miran con escepticismo el que la operación de este martes vaya a significar un gran cambio, pese a su letalidad. Es más, existe temor a que en los próximos días venga un intento de venganza, por ejemplo, con atentados contra fuerzas de orden que bien podrían estar siendo ya organizados desde las cárceles donde siguen operando sus dirigentes.

Es de esperar que los hechos de esta semana en Río estén siendo observados con atención y también enciendan alertas en Chile. El que la situación de la criminalidad en nuestro país diste de ser comparable no hace menos inquietante constatar cómo varios de los patrones que se han dado en Brasil —la cárcel como centro de organización y planificación delictual, la lucha por dominar barrios y la diversificación de actividades— parecen empezar a replicarse acá.