Un hecho excepcional registrado recientemente en la cárcel de Santiago demostró lo que todos los chilenos sospechaban: los delincuentes presos siguen disponiendo de teléfonos celulares para ponerse de acuerdo entre ellos o con sus socios externos, y planificar acciones conjuntas. En esta ocasión quisieron quemar a los dos imputados de causar la muerte de un niño en una colisión de tránsito, hecho que había conmocionado al país. Los presos de la cárcel Santiago 1 no solo llegaron hasta la ubicación exacta de los recién detenidos, sino que a continuación difundieron un video con sus acciones, el que se propagó para que pudiera ser conocido por todo el país, lo que está fuera de toda norma disciplinaria. Si los presos disponen de tanta información, capacidad de organización y sistemas de comunicación, puede entenderse perfectamente la inquietud ciudadana por la seguridad pública.

Aún más sorprendentes fueron las explicaciones de las autoridades. A la luz de lo dicho por el ministro de Seguridad Pública, los anuncios respecto de los inhibidores de señales de teléfonos celulares instalados en distintos penales no han sido exactos ni completos. Ello, pues al parecer la idea de Gendarmería es permitir la comunicación de ciertos presos por “razones estratégicas” para así poder escuchar cuáles son sus planes. Por cierto, es increíble que pueda afirmarse que es conveniente conocer los planes de la delincuencia escuchando sus llamadas si parece más fácil impedir todo plan eliminando los celulares, que fue lo que el país entendió cuando se anunció este proyecto. Más probable es la explicación, mucho más simple, que cree buena parte de la ciudadanía: los planes de inhibir las comunicaciones no están funcionando.

El problema que representa la delincuencia en Chile ha ido en aumento en la percepción ciudadana y hoy pocos dudan de que sea el más prioritario de todos. Evidentemente, una preocupación central del Gobierno debe ser el trato y la gestión de las personas que delinquen, protagonistas de este drama que está afectando a los chilenos. Desde luego quienes resultan detenidos, si después son condenados, en una alta proporción van a dar a la cárcel, donde teóricamente deberían ser rehabilitados para reinsertarse en la sociedad. Pero pocas personas en Chile tienen confianza en este sistema y una mayoría, cansada de sus malos resultados, ahora piensa que se debe llegar hasta suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia, según se concluye de la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos.

El tema de las cárceles ha ido adquiriendo así una importancia mayor de la habitual. En el último debate presidencial, una buena parte estuvo dedicada a conocer las opiniones y los planes de los diferentes candidatos respecto de esta materia. Y es que, ante las magnitudes que ha adquirido el problema de la delincuencia, en todos los países de la región se discute con alarma sobre este tema. Los chilenos saben así del controvertido ejemplo del Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y de los continuos motines que se registran en Ecuador, así como del inusitado auge de la delincuencia en Perú, junto con los impactantes hechos ocurridos en Río de Janeiro esta semana. Acá abundan las propuestas, pero queda la impresión de que las cosas no cambian en el grado que es necesario y las cárceles siguen siendo un lugar de hacinamiento, de reunión entre delincuentes, de planificación de delitos y hasta de comisión de estos mediante estafas telefónicas.

Los presos en Chile siguen hablando por teléfono y difundiendo videos para hacer alarde de sus propias fechorías. Los candidatos presidenciales discuten si aumentar las cárceles o si debe darse un tratamiento más humano o más duro, pero, en el intertanto, la ciudadanía puede observar cómo las respuestas siguen siendo insuficientes.