En agosto pasado se activó el reglamento que obliga a que las llamadas masivas tengan prefijos específicos que identifican a quienes llaman. Un código corresponde a las empresas con las que el destinatario tiene una relación, y otro a las que llaman “en frío”, sin una relación previa. Además, las personas pueden inscribirse en un registro del Sernac para que las empresas móviles no transmitan llamadas masivas a sus números. Pero la ley, que sigue un modelo de países desarrollados, no parece ser totalmente efectiva: el público opina que, lejos de disminuir, el problema se ha vuelto peor. Y no solo se trata de llamadas molestas, sino que en muchos casos están asociadas a estafas.

Según un estudio de 2024, los chilenos recibían entonces, en promedio, 28 llamadas indeseadas en un mes, casi doblando las cifras de Francia y España, los países con más llamadas indeseadas de Europa. Ahora la situación podría haber empeorado. Muchas llamadas provienen de números que no usan el código correcto, y en otros casos corresponden a teléfonos particulares o provenientes de otros países, en lo que parecen ser fórmulas para ocultar su origen.

Existe una tecnología para evitar que las empresas disfracen sus números, certificando que el que emite la llamada ha sido verificado en su origen o que está en otras categorías menos seguras. Esto, pensando particularmente en el caso de las realizadas mediante VoIP (por internet y no por líneas telefónicas). Esto no significa que las llamadas masivas dejen de ser molestas, pero impide o hace más difícil que las empresas no usen los prefijos que las identifican. Con todo, pese a emplear esta tecnología, el 94% de las personas en EE.UU. no contestan a teléfonos desconocidos: hay demasiada desconfianza, pues el esquema (denominado Stir/Shaken) dista mucho de ser infalible.

Una práctica que podría tener efectos, al menos sobre las llamadas spam, es prohibir que las empresas utilicen números móviles en sus campañas. Esta práctica, recientemente adoptada en España, limita las posibilidades de disfrazar los números del que llama. No impide las llamadas abiertamente ilegales, pero sí las que corresponden a campañas masivas de avisaje.

Como se ve, lo que está ocurriendo en Chile no es ajeno a naciones desarrolladas, pero la intensidad del fenómeno supera lo observado en ellas. Y aunque se podrían adoptar más medidas que reduzcan el campo de acción de las empresas legítimas en sus campañas masivas, ni la tecnología ni reglamentos han sido efectivos en reducir el problema de las llamadas indeseadas con otro origen. Considerando que el año pasado se denunciaron 4 mil estafas telefónicas, se debe insistir en campañas que eduquen a los usuarios sobre medidas preventivas. Por ejemplo, no contestar llamadas con prefijos internacionales de números desconocidos y tener cuidado con las llamadas domésticas de teléfonos privados no conocidos. Asimismo, se debe educar al público en los riesgos que se corren y en las prácticas más comunes de los estafadores. Mientras la tecnología no desarrolle un sistema más eficiente para limitar las llamadas de quienes no siguen los reglamentos de los países, esta podría ser la mejor opción.