Durante más de una década, Chile ha experimentado con el diseño improvisado de aspectos esenciales de sus políticas públicas. Ejemplos han sido una seguidilla de cuestionables reformas tributarias y laborales, en una tendencia que ha impactado las cuentas fiscales y también las posibilidades de alcanzar el desarrollo. Pero el sector probablemente más afectado por esta pulsión ha sido el educacional. En todos sus niveles, reformas con ímpetu refundacional, sin fundamentos conceptuales sólidos, pero con gran carga ideológica, han infligido un severo deterioro.

En educación superior, ámbito en que parte importante de la coalición oficialista encuentra su leitmotiv, los retrocesos han sido evidentes. La gratuidad, una respuesta deficiente a los problemas de financiamiento que enfrentaba el sector, significó una importante carga fiscal, sin retorno económico o social comprobado. De hecho, a casi una década de su implementación, no se observa una mayor productividad en nuestra fuerza de trabajo joven. Y es más, los datos del INE indican que, en los últimos tres años, el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que cuentan con educación superior, ha crecido 36% (de 19.440 en junio-agosto de 2022, a 26.430 en igual trimestre de 2025).

El proyecto de nuevo financiamiento público de la educación superior (FES) extiende los errores de diseño que han caracterizado los cambios en este sector.

Un punto particularmente delicado son sus implicancias fiscales. Aun sin incorporar los problemas de incentivos que pueden agravar sus pasivos y reducir la recaudación, el FES es estructuralmente deficitario. Y aunque en principio algunos de sus ingredientes podrían aliviar parte de la carga sobre las finanzas públicas, sin un análisis del comportamiento de los “beneficiarios”, asumir que estas medidas serían suficientes para equilibrar las obligaciones del Estado resulta fiscalmente irresponsable. El reciente pronunciamiento de la Contraloría sobre la forma de contabilizar su impacto en las cuentas públicas añade aún más razones para encender alertas.

Por otra parte, es importante sincerar que la propuesta implica la introducción de un impuesto a los graduados, con las distorsiones que un tributo sobre la acumulación de capital humano representa. Desde ya, es emblemático de la priorización de la ideología por sobre la eficiencia y la justicia, y es de esperar que el debate parlamentario se haga cargo de ello.

También deben considerarse en el análisis las posibles reacciones estratégicas de las instituciones de educación superior en caso de aprobarse el FES. Las restricciones que se impondrían desde el Estado sobre la fijación de aranceles, los accesos a otras fuentes de ingresos (créditos), la innovación en nuevos programas o ajustes en la matrícula modificarán el comportamiento y, potencialmente, afectarán la competitividad de nuestras universidades. Agregar más restricciones cuando la tecnología está modificando la enseñanza y el mercado laboral parece un claro error.

Frente a ello, era en cierta medida esperable la diversidad de posiciones que han venido adoptando las universidades como actores incumbentes en esta discusión, y que han quedado de manifiesto en los debates del Consejo de Rectores. Factores como la relación de cada una con el Estado y las características de su oferta académica (más foco en instrucción y menos en investigación, por ejemplo) parecen jugar un rol clave. Esto obliga a prestar atención e interrogarse por las razones de fondo, muchas veces alejadas de la búsqueda de un mejor sistema de financiamiento global, que puedan explicar el que algunas se inclinen finalmente a apoyar un proyecto deficiente. Esto último puede a su vez ser tácticamente utilizado por el Gobierno para fortalecer su posición negociadora, como ya ocurrió en su momento con la gratuidad.

El mundo político y la opinión pública deben comprender no solo las deficiencias técnicas del FES, sino también las complejidades del proceso de negociación en que participan, entre otros grupos de interés, los propios planteles. Al mismo tiempo, es necesario contar con mayor transparencia y objetividad en el análisis de los fundamentos y efectos del proyecto, así como con propuestas alternativas que pueden ser superiores en justicia, costos fiscales y eficiencia.