En diversos lugares del mundo los sistemas universitarios están entrampados. Enfrentan enormes desafíos y crecientes exigencias, pero sus recursos han ido a la baja en el último tiempo, fundamentalmente porque los aportes estatales y los aranceles, ahí donde están regulados, han permanecido por mucho tiempo congelados nominalmente. Las causas son similares.

El caso europeo es decidor. Las finanzas públicas están debilitadas y hay presiones por aumentar recursos en otras áreas como Defensa.

Por ejemplo, el sistema universitario de Reino Unido, uno de los mejores del mundo, está experimentando una pequeña crisis. El presente año fiscal será el cuarto seguido en el que decaerán los ingresos del sistema universitario. La matrícula de estudiantes extranjeros, clave en ayudar a amortiguar los efectos de las caídas generadas por los aspectos recién mencionados, no respondió como se anticipaba.

Se vislumbran, como en años previos, nuevos recortes en personal administrativo y académico como también venta de activos. Muchas voces están preocupadas por los impactos que estas acciones podrían significar para ese gran sistema universitario. Estas experiencias deben tenerse a la vista en el Senado, ahora que comenzará, la próxima semana, en segundo trámite constitucional, la deliberación del proyecto FES, el nuevo sistema de financiamiento estudiantil para quienes no acceden a gratuidad en educación superior.

Contiene varios aspectos positivos, pero algunas de sus disposiciones pueden dañar el desarrollo del sistema de educación superior. Entre ellas, la prohibición de que las instituciones que se adscriban a este sistema puedan cobrarles un copago a sus estudiantes, salvo que sean del 10% de mayores ingresos, aun si el aporte estatal máximo está por debajo de los aranceles que ha definido la institución.

Es una decisión bien arbitraria, porque el Ejecutivo no tiene ningún antecedente que le permita concluir que los aranceles definidos reflejen un cobro excesivo o una situación anómala. Es más, el gasto operacional por estudiante en educación superior (incluyendo aranceles y aportes del Estado) es en nuestro país, según el último Panorama de la Educación de la OCDE, de los más reducidos entre los miembros de esta organización: 11 mil 640 dólares (ajustados por paridad del poder de compra). Este monto es un 46% más bajo que el promedio de la OCDE.

Por cierto, nuestro país es más pobre que el promedio de la OCDE, pero hay pocas razones para pensar que nuestra inversión en educación superior tenga que ser sustancialmente más baja. De hecho, en Costa Rica, con un sistema de educación superior menos competitivo que el nuestro, ese gasto operacional es de 18 mil 400 dólares.

Al mismo tiempo, las universidades Católica y de Chile, nuestras instituciones más reconocidas, tienen un gasto operacional por estudiante que es la mitad del de la Universidad de São Paulo, una con la que compiten por el liderazgo latinoamericano. No hay ninguna razón, entonces, para justificar esa decisión tan discrecional.

Su aprobación pone en riesgo el desarrollo del sistema. Nuestra situación fiscal es frágil y el Estado ha sido incapaz de allegar en los últimos lustros recursos adicionales, distintos de la gratuidad (que solo reemplaza aportes previamente privados), al sistema de educación superior. Es difícil que pueda hacerlo en los próximos. Más todavía si se piensa que nuestra carga tributaria es bastante más baja que la del promedio de la OCDE o, si se quiere, de Reino Unido. Y la posibilidad de que pueda subir en el futuro de manera relevante es exigua.

Los aranceles (y los copagos) en nuestro país han sido una manera de lidiar con esta realidad. Si se cierra esa válvula se hipoteca el desarrollo del sistema de educación superior.

Para el próximo año el Gobierno ha decidido congelar nominalmente los aranceles de referencia (véase página 129 del Informe de Finanzas Públicas Tercer Trimestre 2025) como una manera de contribuir al control del gasto público. Estos aranceles definen el monto máximo de las ayudas estudiantiles que, actualmente, otorga el Estado en la educación terciaria. Es una medida sensata, solo porque se permite el copago y, por tanto, las instituciones pueden defender sus ingresos. Pero si el proyecto de ley se aprueba sin la posibilidad de copago, es evidente que el escenario futuro para las instituciones de educación superior se volverá más riesgoso.

La tentación del fisco de congelar los aranceles regulados será grande. La prudencia y la ausencia de razones de peso para moverse en esa dirección recomiendan abandonar esta pretensión.

Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC