Señor Director:

El Presidente de la República acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley que modifica la Constitución para disponer el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas vía decreto. El texto indica que un oficial general de las FF.AA. tendrá “la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas”. A continuación, agrega que “solo podrán realizar control de identidad; registro de vestimentas, equipajes o vehículo; practicar detención en caso de flagrancia, únicamente para el efecto de poner de inmediato a la persona a disposición de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; y colaborar con la autoridad de control migratorio para efectos de lo establecido en la ley”.

La distorsión de las funciones para las cuales fueron creadas las FF.AA. es evidente. Por una parte, se les entrega a las FF.AA. la función de resguardo del orden público en la frontera, pero de inmediato se disponen restricciones a su ejercicio. Como la frontera es un territorio que experimenta tráfico de personas, especies y drogas, las funciones entregadas a las FF.AA. son, por decir lo menos, naive. Una norma como la propuesta es una invitación a la incertidumbre jurídica y a una pésima implementación.

Por tratarse de una situación de seguridad de alta complejidad, sería del todo conveniente crear una unidad especializada en control fronterizo, dependiente de las fuerzas de orden y seguridad pública y con atribuciones adecuadas para cumplir sus funciones, incluyendo reglas claras y estrictas para el uso de la fuerza.

Claudio Fuentes S.
Cientista político, Universidad Diego Portales