En lo esencial, la propuesta del Ejecutivo asigna recursos por US$ 90.038 millones, lo que representa cerca del 30% del PIB estimado para el presente año. Según el Gobierno, la cifra implica un aumento de 1,7% respecto del Presupuesto 2025, si bien eso depende de la base de comparación que se considere (el texto de la ley o lo efectivamente ejecutado). La autoridad sostiene, además, que la deuda pública se mantendrá por debajo del nivel de prudencia —definido en 45% del producto; este año cerraría en 42,4%— y que el diseño sería consistente con el objetivo de alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB en 2026.

De esta forma, se configura un aumento acotado del gasto, lo que parecería coherente con el débil desempeño de nuestra economía y, consecuentemente, con los ingresos fiscales proyectados. Sin embargo, pese a eso, una inusual acumulación de críticas y cuestionamientos técnicos ha caracterizado el actual debate. Hay razones para ello.

Una fuente de preocupación fue el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que no solo cuestionó el incumplimiento de los ajustes comprometidos por la actual administración para 2025, sino que alertó respecto de la baja factibilidad de que los ingresos fiscales crezcan durante lo que queda de este año en los niveles anticipados por Hacienda. La consecuencia directa sería un déficit superior al 2,2% del producto estimado por el Gobierno y, por supuesto, el traspaso de mayores desequilibrios fiscales para la siguiente administración. El CFA hizo nuevas recomendaciones en esta materia, incluyendo un llamado a poner foco en la calidad del gasto.

Otro elemento que genera preocupación es la situación de nuestros fondos soberanos, fuertemente mermados. Específicamente, mientras el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cerró en casi US$ 9.000 millones el 2021, a la fecha sus recursos alcanzan solamente los US$ 3.805 millones (agosto 2025). Esto genera un flanco de vulnerabilidad importante para un país que tarde o temprano deberá enfrentar nuevas emergencias (eventos climáticos, terremotos, etc.). Sin embargo, la situación no parece generarle mayor preocupación al Gobierno. Por el contrario, su foco comunicacional en la evolución de la deuda bruta omite la utilización que se le ha dado al FEES como una fuente de financiamiento del gasto del Estado. El análisis de la deuda neta —que descuenta los activos del Estado— es revelador: mientras entre marzo de 2022 y junio de 2025 (último dato disponible del Banco Central) la deuda bruta aumentó 6,6 puntos porcentuales (desde el 36,2% al 42,8% del PIB), en el mismo período la deuda neta lo hizo en 7,11 (desde el 19,7% al 26,8% del PIB). El deterioro es evidente.

En este contexto de estrechez, los reparos a distintos elementos contenidos en el proyecto de Presupuesto 2026 han tomado particular fuerza. Desde luego, no han sido resueltas las dudas respecto de los argumentos para justificar aumentos presupuestarios significativos en ciertos ministerios (es el caso del Ministerio de las Culturas y los importantes recursos destinados al Pase Cultural). A esto se agregan la eliminación de holguras para la siguiente administración en lo que se conoce como la glosa republicana, los criterios con los que se definieron los programas públicos que verían sus presupuestos reducidos y los recortes en gobiernos regionales y locales.

A su vez, las imprecisiones respecto de las proyecciones del crecimiento del gasto real en personal del sector público y la ausencia de provisiones para un eventual reajuste durante 2026 pueden generar complicaciones mayores a la siguiente administración.

A esto se suman los cuestionamientos respecto de partidas de gastos que han sido ubicadas “debajo de la línea” (por lo que no se contabilizan en el total) y que podrían, al sincerarse, generar mayores descalces fiscales. Es el caso de los recursos asignados al financiamiento de la demorada reconstrucción tras los incendios de 2024 en Viña del Mar.

La asignación de responsabilidades

Pero si todo lo anterior ya es altamente complejo, el debate, además, está marcado por una fuerte tensión política.

Y es que nuestra institucionalidad fiscal está diseñada bajo el supuesto de un apego irrestricto a las metas autoimpuestas por un gobierno. Lamentablemente, este no ha sido el caso de la actual administración, lo que incluso dio lugar a una inédita revisión de la meta de balance estructural. Por lo mismo, es natural que la asignación de responsabilidades respecto de los descalces golpee al actual Ejecutivo. Sin embargo, no existen en nuestro ordenamiento muchas instancias de rápida respuesta frente a desequilibrios entre gastos e ingresos, y las existentes pueden ser desatendidas sin mayores dificultades. Así, por ejemplo, frente a los descalces de 2024, temprano este año Hacienda tuvo que proponer acciones correctivas, las que, tal como planteó el CFA en su último informe, no han sido del todo cumplidas.

Esto explica parte importante de las actuales controversias presupuestarias. Una aprobación sin reparos del proyecto transferiría las responsabilidades del necesario ajuste al siguiente gobierno. Por lo tanto, desde la oposición la exigencia será un diseño que implique reconocer los errores de los últimos años. No debería entonces sorprender que, luego de los resultados de la primera vuelta, en noviembre, la tramitación del Presupuesto 2026 se torne una de las más complejas en décadas.