Una comprensible molestia ha generado en la opinión pública el que el pasado miércoles no pudiese aplicarse la prueba Simce de octavo básico en algunos colegios y liceos. Ese día correspondía rendir el módulo de matemáticas. En la Región Metropolitana, en un total de 146 planteles, no llegaron los examinadores. Así, se convirtió en la segunda región del país con menor participación (en Tarapacá, la prueba se suspendió en 19 establecimientos por razones de fuerza mayor: un corte de agua no programado). Esta medición censal contempla protocolos claros para enfrentar estas situaciones y el examen se reprogramará para los próximos días, de modo que no hay riesgo de que los resultados finales no reflejen la realidad del país en este nivel educativo.

Se debe reconocer que en el pasado han ocurrido problemas similares, pero no habían tenido tanta repercusión. Esto, posiblemente, porque ha crecido la preocupación ciudadana por la efectividad con la que está operando el Estado. Los deprimidos niveles de confianza en el servicio público (los más bajos, a distancia, entre los países OCDE) son un reflejo de aquello. En el caso de este Simce, el cuestionamiento puede estar además influido por el hecho de que hubo algunas señales previas de problemas que debieron haber encendido alarmas, como el que las visitas que debían efectuarse el día anterior en algunos colegios no se hubieran realizado como estaban programadas.

Entre las lecciones que dejó la pandemia, se encuentra la importancia de medir regularmente los desempeños educativos. Antes había un fuerte cuestionamiento a estas mediciones. Se argumentaba que estrechaban el currículum, simplificaban el proceso educativo o estigmatizaban. Los argumentos carecían de evidencia empírica sólida y más bien descansaban en una mirada idealizada de los procesos de enseñanza. Sin embargo, los resultados en estas pruebas han sido fundamentales para entender los desafíos que esa coyuntura dejó a la educación chilena y, al mismo tiempo, apreciar la heterogeneidad con la que han evolucionado los aprendizajes en los distintos niveles. Se cuestionan las consecuencias que puede tener el Simce a propósito del ordenamiento que mandata el sistema de aseguramiento de la calidad y que descansa, en parte significativa, en sus resultados. Sin embargo, no parece razonable mantener el reconocimiento oficial de establecimientos que sistemáticamente tienen desempeños muy insuficientes.

Por cierto, la legitimidad de este instrumento descansa no solo en su validez y confiabilidad, sino también en su adecuada aplicación. Por ello, el problema ocurrido, si bien pequeño atendido el número de colegios involucrados (6.030), es preocupante porque puede afectar la credibilidad de una herramienta fundamental para monitorear la marcha de la educación del país. Es importante, entonces, que se transparente la aplicación del Simce en los planteles faltantes, se sancione con rigor a las organizaciones y personas responsables del problema ocurrido y se prepare un reporte público que incorpore mejoramientos en los protocolos para impedir la repetición de estas anomalías.