Señor Director:

Desde la Sociedad de Derechos de las Letras (Sadel) observamos con atención un hito jurídico que, creemos, redefine a nivel global la relación entre la inteligencia artificial y los derechos de autor, cuyas implicancias —más pronto que tarde— llegarán a Chile. A comienzos de septiembre, la empresa tecnológica Anthropic, creadora del chatbot de inteligencia artificial Claude, acordó pagar 1.500 millones de dólares a un grupo de escritores y editoriales. Estos reclamaban derechos de autor por la utilización no autorizada de siete millones de libros protegidos que la compañía había empleado para entrenar sus sistemas.

Este caso no es aislado, sino que representa la punta de lanza de más de 40 demandas activas por motivos similares en Estados Unidos contra otros gigantes tecnológicos como OpenAI, Meta, Google o Microsoft.

Chile ya sufre las consecuencias de una excesiva judicialización de conflictos debido a la falta de legislación clara o atingente, como hemos visto de manera dramática en el sector de la salud con las isapres. Esta sobrecarga de trabajo recae sobre los tribunales, ralentizando la operatividad de la justicia, lo cual afecta a toda la ciudadanía y genera un alto costo para el Estado.

Si no actualizamos pronto nuestro marco legal, definiendo con precisión los límites del uso de obras y los derechos de autor en el entrenamiento de inteligencia artificial, nos arriesgamos a que este nuevo conflicto global desembarque en nuestros tribunales.

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero debemos procurar que su desarrollo no recargue las instituciones jurídicas y que se enmarque en el respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor. En este momento de recambio de las autoridades del Ejecutivo y gran parte del Legislativo, es oportuno pensar en una solución legal que evite recargar los hombros de la justicia chilena.

Diego Muñoz Valenzuela
Presidente Sociedad de Derechos de las Letras