El estallido social de 2019 es un fenómeno único y difícil de repetir. Se trata de un acontecimiento catalizado por una combinación poco frecuente de factores: una revuelta violenta y caótica por un lado y, por otro, una serie de protestas masivas. La manera en que ambos fenómenos coincidieron de forma espontánea y sorpresiva resalta su carácter extraordinario y la complejidad de reproducirlo.

Sin embargo, desde ambos extremos del arco ideológico se propone la posibilidad de un retorno del estallido. En la izquierda extrema (Artés y Jadue) dan por hecho que el 18-O permanece latente y que pronto estallará si las derechas duras llegan al gobierno. Estas últimas, por su parte, agitan el fantasma de un nuevo estallido en el momento en que las izquierdas pierdan el gobierno. Ahí veremos caer la piel de oveja, advierten, y volverá a aparecer el lobo feroz.

Lo que permanece, en cambio, es la posibilidad de nuevas protestas. ¿Por qué no podría ser así?

Las expectativas de una población cada vez más instruida en niveles técnicos y profesionales, empoderada y demandante, chocan con estructuras económicas, sociales y políticas cada vez más inaccesibles. Los grupos de poder, tanto fácticos como institucionales, parecen no atender a los sentimientos de abuso, postergación e injusticia de esa población, impulsada por la modernización del país (¡sí, los famosos treinta años!).

Tampoco escuchan sus reclamos por la inseguridad de la vida cotidiana y la falta de perspectivas de crecimiento personal y para sus hijos. Sobre todo, desconocen las brechas que esa población percibe en la salud y la previsión, el acceso a la vivienda y la calidad de la educación.

Si un próximo gobierno de derechas (probable) no logra abordar esos sentimientos, demandas y brechas, y además decide emprender una batalla cultural restauradora y maximalista, ¿cómo podrían evitarse, en esas condiciones, protestas previsibles que podríamos solucionar?

En cambio, resulta más difícil concebir una nueva revuelta violenta. Existe un rechazo casi unánime a la violencia, estimulado por el impacto del 18-O y las secuelas de la pandemia que evidenciaron nuestra vulnerabilidad. Solo insinuarla suscitaría una respuesta rápida de rechazo, enfrentando a fuerzas policiales y de seguridad que ahora gozan de legitimidad, están mejor equipadas y tienen una mayor preparación para enfrentar cualquier manifestación de violencia.

De manera similar, tras estas experiencias, es probable que cualquier brote de violencia anarquizante —en un contexto de ofensiva contra el crimen organizado— no cuente, esta vez, con la complicidad pasiva o benevolente de círculos políticos, académicos, mediáticos y de sectores progresistas, como ocurrió con el estallido. Si se intentara de nuevo, terminaría más bien en una tragicomedia.