Los problemas migratorios, las tensiones geopolíticas y la vuelta a prácticas proteccionistas han modificado el statu quo imperante hace tan solo una década. Más allá de los múltiples factores que se fueron incubando, resulta pertinente examinar algunas fórmulas que han surgido y que amenazan aspectos importantes y consustanciales a las sociedades libres.

Así como el fenómeno migratorio —alimentado por las disparidades de ingresos entre los países de origen y los de destino, y las inestabilidades políticas que impulsan a muchos a buscar nuevos horizontes— ha generado fuertes reacciones emocionales contrarias a su llegada, especialmente cuando este es masivo, la exagerada defensa de fórmulas de discriminación positiva en materia étnica, de género, de orientación sexual y otras, que fragmentan identitariamente a los países en contra de la universalidad de los derechos de todos los seres humanos, también ha provocado fuertes reacciones en su contra. Ambos fenómenos han polarizado a las sociedades en direcciones opuestas: el problema migratorio, hacia el extremismo de derecha y oposiciones desde la izquierda, y las políticas identitarias, impulsadas por nuevas corrientes al interior de la izquierda, a manifestaciones contrarias del otro polo. Si a ello se suma el creciente proteccionismo —surgido tanto del intento por favorecer industrias locales poco competitivas como de las tensiones geopolíticas que surcan el globo—, se completa el cuadro de polarización antes descrito, que las redes sociales y la creciente digitalización del mundo contribuyen a acrecentar.

En ese escenario, quienes adscriben a las políticas identitarias que han dado lugar al fenómeno del wokismo han procurado imponer sus posturas, cancelando a quienes piensan distinto e impidiendo que se expresen públicamente. Pretenden uniformar así la manera en que las sociedades deben abordar esos temas. Por otra parte, la oposición a esas manifestaciones tiende a caer, en ocasiones, en intolerancias similares. Así, es posible advertir el surgimiento de una cierta “cultura de la imposición”, es decir, de pensar que el uniformar las posiciones que las personas deben tener en ciertas materias es la manera de conducir las sociedades, haciéndolas cada vez más intransigentes e intolerantes. Las mencionadas guerras culturales expresan la incompatibilidad que las facciones en disputa consideran que existe entre ellas.

De una manera más sutil, hay otros campos en los que esto también tiende a ocurrir. Uno de ellos es el educacional, en que las concepciones contrarias a la selección y a las pruebas que midan el nivel de aprendizaje, y promotoras de un determinado modelo de convivencia escolar, intentan imponer centralizadamente su visión, restringiendo la autonomía de los colegios para desarrollar sus propios proyectos educativos; los resultados están a la vista. Algo similar ocurre en el ámbito ambiental. La idea, sobre la que hay extendido consenso, de que la explotación de los recursos naturales impacta el medio ambiente, demanda un adecuado balance de costos y beneficios al evaluar cada intervención. Sin embargo, se han desarrollado concepciones —por ejemplo, los discursos antiextractivistas o los que promueven el decrecimiento— que intentan lograr una especie de congelamiento a priori del uso del territorio, con zonas protegidas prácticamente intocables y rigideces incompatibles con la creación de riqueza. Cierto activismo medioambiental ha tratado de imponer esos puntos de vista, muchas veces cancelando al resto, y también hegemonizando la institucionalidad dedicada a ese ámbito, de modo de presentar como supuestamente “técnicas” decisiones que en verdad expresan sus particulares sesgos ideológicos.

Una sociedad libre se debe caracterizar, y además se enriquece, por la aceptación de las miradas discrepantes, por la deliberación racional y pacífica para llegar a acuerdos, y por la innovación que todo aquello permite. El progreso de largo plazo depende de seguir esos principios, evitando la dañina imposición.