La convivencia escolar es un gran desafío para las comunidades educativas y, particularmente, para la diversidad de sostenedores y directivos que tienen la responsabilidad de desarrollar los múltiples proyectos educacionales que han encontrado su espacio en el país. Estos problemas son de distinta naturaleza en cada uno de los planteles escolares y parvularios, y tienen causas diversas. Incluso, en muchos no están habitualmente presentes. Hay lecciones valiosas que aprender de estas experiencias, que se deben plasmar en orientaciones generales. Sin embargo, no hay mucho de ello en el actual programa nacional de convivencia escolar, donde se privilegian directrices centralizadas que rara vez recogen las realidades locales y específicas. Hasta ahora, con todo, este plan carece de mandato legal.

Ello podría cambiar de aprobarse un proyecto de ley actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. Es preocupante su tenor. Con el pretexto de definir un nuevo estándar en materia de convivencia escolar, quiere entrometerse en demasía en la gestión que deben hacer los establecimientos en esta materia. Así, en lugar de definir criterios que cabe esperar estén contenidos en los planes de convivencia escolar, y recomendaciones generales de cómo monitorearlos, intenta delinear con precisión la forma en que estos deben llevarse a cabo, restando libertad en su diseño e implementación a los distintos colegios y jardines. En esa aproximación se cometen muchos errores. Además, se solicita a propósito de ellos una rendición de cuentas excesiva que se agrega a la enorme carga administrativa que ya tienen estas organizaciones.

El proyecto también establece una serie de obligaciones que suponen desembolsos adicionales que no parecen compatibles con los estrechos presupuestos de la mayoría de estas instituciones. Por ejemplo, una persona de dedicación exclusiva para la convivencia escolar en todos los planteles escolares con más de 150 estudiantes, la que, además, no sería solo la encargada de implementar el plan de convivencia, sino también de elaborarlo. Es un paso en la dirección de limitar la responsabilidad y autonomía de los directivos y sostenedores, vulnerando, en el fondo, la idea de proyecto educativo, que ha sido tan relevante en el desarrollo de nuestro sistema de educación.

Detrás de esta aproximación, se esconde una clara desconfianza hacia la posibilidad de que las comunidades puedan, como garantiza la declaración de derechos humanos, expresar sus valores a través de la educación. Y es que la forma en que se define una política de convivencia escolar está muy conectada con esa comunidad de valores. Por cierto, entregar autonomía no significa poner en riesgo los derechos de sus integrantes, como se pretende argumentar como excusa para justificar tan marcada intromisión. Más bien, hay aquí la aspiración de asegurar una única forma de llevar adelante la convivencia escolar. De ahí, la necesidad de definir centralizadamente gran parte de las iniciativas en esta materia, evitando que se exprese el pluralismo propio del país en el sistema educativo.

Quizás en ningún otro eje esa mirada es tan evidente como en la indicación del Ejecutivo que establece la prohibición de expulsar o cancelar la matrícula a estudiantes de la enseñanza básica, aun cuando “incurran en alguna falta al reglamento o en conductas sancionadas por la ley”. Se quiere privilegiar otras medidas que tampoco está claro cómo los colegios podrían aplicar y sobre las cuales el proyecto dice poco o nada. Más grave aún, en la práctica, se deja a los planteles escolares indefensos frente a situaciones límite y se desarticulan todos los instrumentos previos para desalentar conductas disruptivas. Estas herramientas de ultima ratio rara vez se utilizan, pero están ahí para que otras sanciones intermedias puedan servir de contención. La aproximación que está teniendo el Gobierno en este proyecto difícilmente ayudará a lograr una mejor convivencia escolar y corre, en cambio, el riesgo de empeorarla. Es de esperar que en el Senado se pueda mejorar sustantivamente esta iniciativa a partir de una conversación con representantes apropiados de las distintas comunidades educativas, sin olvidar a sostenedores y directivos.