La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, ha calificado —en reciente entrevista con “La Tercera”— la posición de las cuentas públicas chilenas como de “estrés fiscal”, advirtiendo que el deterioro se ha ido consolidando en el tiempo, y que se requiere un acuerdo político para frenar esta tendencia, toda vez que el espacio para enfrentar futuras situaciones de tensión financiera o macroeconómica es muy limitado. Así, la preocupante tendencia a la sobreestimación de ingresos y la ausencia de medidas de mitigación creíbles ante los desvíos anticipados de las metas llaman a un mejoramiento en la institucionalidad con que funciona la política fiscal. Y es que en la práctica, ha existido una inobservancia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al incumplirse tanto las metas como los compromisos de ajuste planteados por la misma autoridad.

Como bien se puede concluir del análisis del CFA, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tienen responsabilidades en esta situación, pero la principal, indudablemente, recae sobre el Ejecutivo. El Gobierno, en efecto, no solo es responsable de la administración financiera del Estado, sino que además la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda, es la institución encargada de estimar los ingresos fiscales. A su vez, las medidas correctivas que exige la ley frente a desvíos de las metas deben también depender de la acción del Ejecutivo, sin escudarse en el Congreso para el cumplimiento de sus compromisos.

En el corto plazo, y frente a este panorama, resulta clara la necesidad de hacer un ajuste importante. Las actuales condiciones de mercado favorables para la deuda chilena —reveladoras del apetito global por activos riesgosos— pueden revertirse en cualquier momento. En tal caso, el necesario ajuste será más complejo y doloroso. Por ello, para recuperar la solvencia fiscal del país y cautelar la bien ganada reputación de Chile en esta materia, es necesario comprometerse a realizar los mayores esfuerzos en la tarea de analizar los espacios de uso ineficiente de los recursos públicos que hoy existen.

En entrevista con “El Mercurio”, Jorge Quiroz, encargado económico de la candidatura de José Antonio Kast, ha explicitado un plan concreto para hacer frente a este desafío. También —y más allá de las controversias propias de una campaña—, la candidatura de Evelyn Matthei también ha hecho ver la necesidad de un ajuste relevante. La diferencia entre ambos comandos no parece radicar, pues, en la necesidad de hacerlo, sino en la percepción de viabilidad política que acompaña a este empeño. Ahora, a la luz del llamado del CFA para enfrentar la situación de estrés fiscal, parece conveniente aunar esfuerzos para aumentar las posibilidades de que un ajuste importante pueda llevarse a cabo, cautelando, por cierto, que los programas bien orientados se mantengan, pero que otros gastos de cuestionable efectividad se reasignen o abiertamente se eliminen.