Desde hace algunos meses se está intentando instalar la idea de que el financiamiento público de los partidos y de las campañas electorales es una de las principales causas de los problemas del sistema político chileno. Se sostiene que el financiamiento público de los partidos, promulgado en 2016, incentivaría la creación de “pymes políticas”, cuyo fin no sería otro que vivir a costa del Estado. También se sugiere que los reembolsos a los candidatos debieran reducirse, considerando la estrechez fiscal que enfrenta el país.

Los problemas inexistentes

¿Es atractivo formar un partido para beneficiarse del financiamiento estatal?

El aporte fiscal permanente que recibirán los partidos políticos durante 2025, en total, será de aproximadamente 10 millones de dólares. Estos fondos solo se pueden gastar en actividades propias de un partido y son fiscalizados por el Servel. Un 80% de este monto se distribuye en proporción a sus votaciones en las últimas elecciones de diputados; el 20% restante, conocido como financiamiento basal, se reparte entre todos los partidos, en proporción al número de regiones donde están constituidos.

Un partido que pretenda enriquecerse con estos recursos públicos, constituido en el mínimo exigido de regiones y sin parlamentarios, recibiría alrededor de 2 millones de pesos mensuales. No parece una suma tan tentadora como para crear “partidos pyme”, considerando que los costos operativos para constituirse y mantenerse vigente son montos similares.

Existen propuestas en el Congreso que buscan eliminar el financiamiento basal, lo cual favorecería a los partidos existentes al imponer barreras de entrada bastante altas a los nuevos partidos que pretendan competir con ellos.

Mantener un financiamiento basal mínimo, como el actual, permite que nuevos proyectos políticos puedan surgir y competir, como sucedió con Evópoli y el Frente Amplio, que hoy cuentan con un importante número de simpatizantes.

La segunda fuente de financiamiento público de la política son los reembolsos que reciben los candidatos, 0,04 UF (aproximadamente 1.500 pesos) por voto obtenido. Estos reembolsos son para cubrir gastos de campaña debidamente acreditados y no para agrandar el patrimonio personal. ¿Debiera reducirse este monto dada la estrechez fiscal que enfrentamos? El gasto en reembolsos, de los últimos cinco años, asciende a poco menos de 30 millones de dólares anuales, en promedio, es decir, un 0,01% del PIB. Si se excluyen las cinco elecciones que tuvimos por los dos procesos constitucionales, el monto es aún menor. Reducir el financiamiento público de campañas no tendrá un impacto relevante sobre la deuda, quienes argumentan lo contrario se aprovechan de la dificultad de la mayoría de las personas para aquilatar magnitudes con muchos ceros.

¿Por qué el Estado financia la política?

Hace justo una década, los casos Penta, SQM y Corpesca dejaron en evidencia los problemas de captura y corrupción asociados al financiamiento de la política, desde el retorno a la democracia. El reciente libro “Somos tontos hasta las doce”, de Carlos Gajardo, resume bien estos casos y ata algunos cabos sueltos a partir de las revelaciones del caso Audio.

Estos escándalos llevaron a que se legislaran mejoras importantes en el financiamiento de la política. Se incorporó un componente público al financiamiento de los partidos, que hasta entonces era exclusivamente privado. Se pasó de un sistema en el que los candidatos conocían a sus principales financistas, pero los ciudadanos no, a uno en el que todas las donaciones significativas se transparentan. Se pasó de una legislación que otorgaba un importante subsidio estatal solo a las donaciones de las empresas a uno que prohíbe las donaciones de personas jurídicas. Se aumentaron las penas, se incrementaron los tiempos de prescripción y se pusieron estándares menos exigentes y más razonables para establecer el cohecho. Además, al Servel se le concedió autonomía constitucional y recursos para fiscalizar las nuevas regulaciones.

Luego de las reformas de 2016, la importancia del financiamiento privado en las campañas bajó, llegando a poco menos del 40% en las elecciones de diputados de 2021. Lo que no varió significativamente fue que la mayor parte del financiamiento privado (70% en aquellas elecciones) lo recibieron candidatos de derecha. Sin embargo, la reducción del financiamiento privado ha contribuido a tener una cancha más pareja en el financiamiento electoral y ha acercado a Chile a los estándares de la mayoría de las democracias desarrolladas (la principal excepción es Estados Unidos, donde el financiamiento privado ilimitado es considerado una de las causas del debilitamiento de su democracia).

Un problema relevante

El financiamiento permanente de los partidos, a partir de 2026, subirá en un 50%. No porque estén atrayendo nuevos votantes sino, tan solo, porque el voto ahora es obligatorio, lo cual aumentará considerablemente el monto total a repartir. Por el mismo motivo, aumentarán sustancialmente los reembolsos que recibirán los candidatos que participan en las elecciones de noviembre.

Para las elecciones municipales de 2024 se aprobó un proyecto de ley que redujo el reembolso por voto a 0,026 UF (aproximadamente 975 pesos) para ajustarse a la mayor participación que significa el voto obligatorio. El presupuesto que discute actualmente el Congreso incluye una glosa que aplica la misma reducción a los reembolsos por votos obtenidos en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

Es decir, los candidatos están realizando gastos de campaña sin conocer el reembolso máximo al que tienen derecho. Esto es un síntoma más de los serios problemas de nuestro sistema político. Como el plazo para aprobar el presupuesto vence después de las elecciones de noviembre, no es aventurado suponer que el Congreso pondrá presión al Ejecutivo para que retire esta glosa. Por eso es necesario aprobar un cambio legal que adapte los reembolsos y el financiamiento permanente de los partidos al voto obligatorio.

Las causas de la crisis política

El sistema político chileno atraviesa serios problemas y es urgente elaborar un diagnóstico que determine sus causas para, luego, consensuar soluciones. Las causas son varias, pero la legislación que regula el financiamiento de la política desde 2016 no es una de ellas.