El juicio ciudadano profundamente negativo que hoy —según todas las encuestas— despierta el “estallido” de 2019 solo hace más quemante la pregunta: ¿Cómo pudo suceder? Pero, sobre todo, ¿cómo fue posible que, una vez ocurridos los hechos del día 18, el delirio octubrista no solo se instalara en Chile, sino que hegemonizara el debate público y se transformara en un factor determinante de nuestra evolución posterior?

Se han abordado muchas dimensiones para intentar comprenderlo. Hay una, sin embargo, que resulta especialmente aleccionadora hoy, cuando toma fuerza la interrogante sobre si algo así podría repetirse. Se trata del modo flagrante en que fallaron algunas de las principales instituciones de un país que se enorgullecía de la solidez de estas. Una demostración, de que, en una coyuntura extrema como fue la de octubre de 2019, ningún diseño institucional se basta por sí mismo si no hay liderazgos lealmente comprometidos con esas instituciones y dispuestos a asumir con coraje sus responsabilidades.

Es por eso que, a seis años de los hechos, se revaloriza a figuras como el Presidente Piñera: más allá de los errores cometidos y de lo discutibles que puedan haber sido algunas de sus decisiones, su resuelta defensa de la continuidad democrática lo enaltece frente a la vergonzosa pequeñez que mostraron sus adversarios. Pero también en otros ámbitos hubo liderazgos que marcaron una diferencia. Por ejemplo, el de Sergio Micco, quien, aun actuando dentro de una institución como el INDH, de cuestionable diseño y cooptada por sectores radicalizados, jugó un papel decisivo al impedir que ella fuera puesta al servicio de la desestabilización de la democracia. Por contraste, un pobre saldo deja la actuación de otra entidad autónoma, la Defensoría de la Niñez, presta a condenar con precipitación y estridencia a las fuerzas policiales en hechos donde luego se demostraría su inocencia, y también responsable de aquel infausto video que llamaba a los niños a “saltarse todos los torniquetes”.

De gravedad insoslayable fue, en tanto, lo ocurrido con las instituciones políticas. Cuestionadas por los manifestantes, en lugar de defender con claridad su rol, insustituible en una democracia, prefirieron sumarse a la ola impugnadora, en una suerte de imposible travestismo. Ejemplo de esa actitud de renuncia a sus responsabilidades fue la negativa de la directiva socialista —encabezada por el hoy ministro del Interior, Álvaro Elizalde— a concurrir a La Moneda en los peores días de la crisis, simplemente porque Piñera no había invitado a los “movimientos sociales”, según su explicación. Ni hablar, por cierto, de las declaraciones de los partidos de oposición para celebrar “la vía de los hechos” o, también, para cuestionar que el gobierno, en un país desbordado por el vandalismo, se atreviera a impulsar una agenda de orden público.

Contradictorio es, a su vez, el balance del Poder Legislativo. Si por una parte fue determinante en el acuerdo del 15 de noviembre, desde allí también fue que avanzó el parlamentarismo de facto, planteado por el entonces presidente del Senado como única alternativa para que Piñera pudiera terminar su período: una corriente que tendría luego su expresión máxima en los retiros previsionales.

El magro balance del Ministerio Público

Una de las instituciones cuyas actuaciones han sido objeto de más limitado escrutinio es el Ministerio Público. Y, sin embargo, su saldo resulta altamente insatisfactorio. Lo sintetiza el hecho de que, seis años después, los chilenos aún no tengan claridad de lo que pasó el 18 de octubre y que aún se formule la pregunta “¿quién quemó el metro?”. Es cierto que hubo investigaciones, pero el resultado no puede sino estimarse pobrísimo: de 26 causas por incendio de estaciones, solo seis registran algún imputado conocido. Podrán tejerse múltiples hipótesis respecto de si hubo o no coordinación en esos hechos, pero, al abordarlos separadamente, la fiscalía frustró de antemano las posibilidades de esclarecerlo. Insólito —y en rigor inaceptable— es que tampoco se haya investigado en profundidad a la “primera línea”, el grupo de choque que vandalizó Santiago.

Por cierto, hubo en el período graves abusos y también fallas operativas por parte de fuerzas policiales desbordadas, las que evidentemente no estaban preparadas —ni en medios ni en formación de sus cuadros— para asumir el desafío que enfrentaban. Pero precarizó aún más su situación el que, precisamente por haberse transformado en decisivo sostén de la institucionalidad, fueran el blanco no solo de los violentistas, sino de una izquierda tentada por la vía insurreccional, que hizo de la deslegitimación de Carabineros un eje de su discurso. El oportunismo de algunos —por ejemplo, una Contraloría que impulsó un inédito sumario contra los generales de la policía— y el ensañamiento de otros aportaron lo suyo. Hubo así miles de denuncias (12 mil delitos supuestamente cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020) por violencia institucional. El resultado de las investigaciones es revelador: el 91% están concluidas, pero de aquellas en que había un imputado conocido, solo el 14,3% tuvo sentencia condenatoria (219 casos), mientras que el 11,3% (166) concluyó en absolución. El resto fueron sobreseimientos definitivos (98), el ejercicio de la facultad de no investigar (90) y dos acuerdos reparatorios.