El precio de la energía que deben pagar los hogares debería reflejar los costos reales de su generación, transmisión y distribución. En su fijación, los precios de nudo son claves. Ellos evidencian las tarifas de generación y transporte (tanto de energía como de potencia) que deben traspasar las distribuidoras eléctricas a sus clientes. En particular, los precios de nudo de largo plazo se plasman en los contratos de suministro que estas últimas empresas acuerdan con sus proveedores a partir de licitaciones reguladas. A su vez, los precios de nudo de corto plazo se fijan semestralmente en los meses de abril y octubre, siguiendo procedimientos e indexaciones definidas en la ley. En 2017 —Bachelet II— se cometió un error en el momento de aplicar estos criterios, el que significó, en la práctica, incorporar dos veces el IPC. El gobierno siguiente (Piñera II) —en acuerdo con el Congreso y en el escenario generado tras octubre de 2019— congeló estos precios. Obviamente, el descongelamiento de las tarifas durante la actual administración obligaba a revisar esos procedimientos. Sin embargo, el problema se detectó solo en el proceso de revisión semestral más reciente.

Se trata de un error serio, agravado por la forma poco transparente en que reaccionaron las autoridades de Energía. Por un lado, la situación se habría detectado con bastante antelación a cuando fue informada. Por otro, se habló inicialmente de un ajuste metodológico que produciría “el beneficio” de reducir tarifas. Pero, en rigor, no es un “beneficio”, sino la devolución de lo cobrado en exceso. Fue inevitable, entonces, la salida del ministro de Energía y del jefe de la Comisión Nacional de Energía, encargado del proceso técnico de definición de los precios de nudo. No haber hecho recaer las responsabilidades en estas autoridades habría significado no solo minimizar el error (dimensionado en US$ 106 millones en cobros excesivos), sino también avalar la poca transparencia con la que se manejó el tema.

En otras ocasiones, el Gobierno no ha estado tan llano a definir responsabilidades políticas, pero, al encontrarse el país en plena contienda electoral, no tenía alternativa. Y es que las críticas vinieron tanto de la oposición como del oficialismo. Incluso, su candidata presidencial, antes de saberse la noticia de la renuncia, sostuvo que, ante un hecho de este carácter, ella les pediría la dimisión a sus ministros. El ahora biministro de Economía y Energía tendrá la obligación de aclarar con mayor precisión lo ocurrido y ofrecer un camino para compensar los excesos que pagaron los hogares. Deberá, sin embargo, aterrizar las expectativas creadas respecto de una baja en las tarifas, toda vez que aún hay ajustes pendientes que provienen de los congelamientos de años previos, particularmente con otro componente relevante de los precios de la energía: el valor agregado que reciben las distribuidoras por sus servicios. Este aún no ha sido debidamente ajustado, situación que presionará al alza las tarifas.