Las discusiones entre los comandos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast respecto del tamaño de los recortes fiscales que podrían realizarse en una próxima administración no solo han dado lugar a un debate conceptual sobre el espacio existente para ello, sino que además han generado una grieta en las campañas opositoras, incluidas acusaciones de improvisación, voluntarismo o hasta de cálculos de conveniencia en algunas de las propuestas planteadas.

Se trata de un debate que debe abordarse con la mayor seriedad posible. El país enfrenta crecientes presiones fiscales y, habida cuenta de una notoria y persistente sobreestimación de la recaudación por impuestos, resulta evidente la necesidad de una racionalización relevante del gasto fiscal. Es sintomático el hecho de que, de alguna manera, los programas de todas las candidaturas presidenciales —incluida la de la postulante oficialista, Jeannette Jara— incorporen elementos importantes en esta línea, ya sea de forma explícita o planteando significativas reasignaciones presupuestarias, las que no son sino un ajuste del gasto en ciertas partidas para redestinar esos recursos a otras áreas.

Hasta ahora, el debate se ha dado en un ámbito “técnico”, centrándose en cuánto gasto en programas mal evaluados existe hoy y qué espacio administrativo —en oposición a lo que requeriría de reformas legales— hay para disminuirlo. Pero ambas discusiones arriesgan perder en alguna medida el norte. Desde luego, la evaluación de programas sociales y no sociales por parte de la Dirección de Presupuestos es poco profunda, por lo que no debiera guiar la acción ni constituir, en ningún caso, la última palabra en esta materia. Más pertinencia tiene el análisis de las herramientas administrativas para disminuir el gasto en comparación con aquellas modificaciones que requieren aprobación del Congreso. Sin embargo, en ambos casos, más que una restricción técnica, la dimensión decisiva es el logro de una base de apoyo político para avanzar en estos cambios, de la mano de una adecuada evaluación de la rentabilidad social de los programas.

Este punto es, al final del día, la restricción más relevante que enfrenta el plan de racionalización del gasto. Naturalmente, los grupos de presión —tanto en el sector público como en el sector privado— que se benefician de ciertos programas van a resistir los cambios. Por ello, la posibilidad de avanzar en un ajuste requerirá de un fuerte apoyo político y social. El primero dependerá de los resultados de las elecciones parlamentarias, y de la capacidad de los congresistas de la actual oposición para dejar a un lado rencillas personales y promover ajustes no menores en el gasto público. El apoyo social, a su vez, dependerá de la convicción por parte de las personas de que estos ajustes valen la pena para obtener otros beneficios, ya sea en prestaciones sociales, en seguridad pública o en mayor dinamismo económico. En este sentido, más allá de la natural tensión electoral del momento, no parece razonable restringir desde ya el alcance del esfuerzo posible, especialmente si ello puede condicionar la capacidad futura para avanzar en esta materia.